El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclama la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos por la filtración de los datos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el escrito de la Abogacía del Estado -que participó en su defensa- difundido este lunes, García Ortiz reclama la nulidad de su condena alegando la vulneración de sus derechos fundamentales.
"La libertad de expresión en su sentido institucional precisamente por su función democrática, ha de ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que ello pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender a la institución frente a ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia", defiende el informe de los Servicios Jurídicos del Estado.
García Ortiz reprocha al Supremo que plantear que el entonces fiscal general "debió optar por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberadamente creada por quienes precisamente le imputaban un delito de prevaricación".
Por último, el informe de la Abogacía denuncia el intento de "un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada".
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