Primer acuerdo autonómico del ciclo electoral que arrancó en Extremadura, siguió en Aragón y culminó en Castilla y León, a la espera de las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo.
PP y Vox han alcanzado este lunes un acuerdo “definitivo” para la configuración de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, con la intención de garantizar la “estabilidad” de la Legislatura que arranca este martes. Y engresan así la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco.
El entendimiento contempla que los populares cedan la Vicepresidencia primera a la formación de Santiago Abascal, lo que supone que el PP renuncie a la mayoría que inicialmente le correspondía en este órgano.
Según han indicado fuentes de ambas fuerzas políticas, el pacto establece que un procurador del PP será propuesto como presidente del Parlamento autonómico, mientras que un representante de Vox ocupará la Vicepresidencia primera de la Cámara. De esta forma, los de Feijóo recuperan la presidencia del parlamento que en la pasada legislatura ostentó el ultra Carlos Pollán.
Con este esquema, la Mesa quedará integrada por dos miembros del PP, dos de Vox y dos del PSOE. Esta distribución difiere de la que resultaría estrictamente del reparto por votos, que habría otorgado tres puestos al PP, dos al PSOE y uno a Vox. De este modo, el nuevo acuerdo implica que los 'populares' pierdan la mayoría en el órgano rector de las Cortes.
Ambos partidos han remarcado que se trata de un acuerdo “firme y duradero” que consideran un paso previo imprescindible para levantar un Ejecutivo autonómico “útil y eficaz”.
A su entender, el pacto refleja “la voluntad de entendimiento” para que la Comunidad disponga de un Gobierno capaz de prestar “servicios públicos de calidad” y, en su opinión, responde al mandato expresado por los ciudadanos en las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo.
Además de la Presidencia y de la Vicepresidencia primera, PP y Vox se asegurarán dos de las tres Secretarías de la Mesa, mientras que el PSOE asumirá la Vicepresidencia segunda y la Secretaría restante.
Las dos formaciones han insistido en el carácter “definitivo” de este entendimiento, que sitúan en el marco de una apelación a “facilitar la gobernabilidad y asegurar el buen funcionamiento de la institución parlamentaria durante los próximos cuatro años”.
