La Fiscalía abre diligencias contra Albiol por el macrodesalojo de migrantes en Badalona

La investigación, a raíz de una denuncia de los Comuns, indaga posibles delitos de odio, discriminación y desobediencia tras el desalojo del antiguo instituto B9

23 de enero de 2026 a las 13:46h
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9, a 22 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España).
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9, a 22 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España).

La Fiscalía Provincial de Barcelona, a través de su unidad de Odio y Discriminación, ha abierto diligencias de investigación contra Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, por el macrodesalojo llevado a cabo el 17 de diciembre de 2025 en el antiguo instituto B9, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes subsaharianos

La investigación se produce tras una denuncia penal presentada el 24 de diciembre por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien sostiene que Albiol pudo incurrir en varios delitos en el contexto del desalojo. Entre las posibles infracciones que se están analizando figuran denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa, según han informado fuentes de la Fiscalía. 

La denuncia subraya que la actuación municipal podría haber incumplido no solo el acceso a la atención social de las personas desalojadas, sino también una resolución judicial que condicionaba la expulsión a la garantía de alternativas habitacionales a los afectados. Además, los Comuns critican lo que consideran una “tolerancia institucional” ante episodios de hostilidad y presiones vecinales contra las personas migrantes que residían en el edificio. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha defendido que el desalojo se realizó con “escrupulosa legalidad” y que se ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión para atender a las personas afectadas, aunque fuentes municipales han señalado que consideran la denuncia “un despropósito”. 

La apertura de estas diligencias se suma a un procedimiento judicial ya en marcha, ya que la Fiscalía pidió previamente a un juzgado que verificara si el consistorio cumplió con la orden de prestar atención social a los migrantes desalojados, como exigía el mandato judicial que autorizó la intervención.

Sobre el autor
El periodista Luis Corpas, de ElConstitucional.es
Luis Corpas

Periodista de ElConstitucional.es

Ver biografía
Archivado en
Lo más leído