El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, una iniciativa que el Gobierno impulsa desde octubre de 2025 y que ahora inicia su tramitación parlamentaria. La propuesta plantea modificar el artículo 43 de la Constitución para incluir un nuevo apartado que garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el país.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la medida como un avance democrático y social: “España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres”. Según ha subrayado, se trata de “un día importante para la democracia española”, con el objetivo de proteger este derecho frente a posibles retrocesos.
El texto propone que “los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva”, incorporando así el aborto como parte del derecho a la protección de la salud. De salir adelante, España se convertiría en el segundo país del mundo en incluir este derecho en su Constitución, tras el precedente de Francia en 2024.
Desde el Gobierno sostienen que el principal problema no es la legalidad del aborto, sino su acceso efectivo. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales el 78,74% se realizaron en centros privados. “La dimensión prestacional está en riesgo”, ha advertido Redondo, señalando que muchas mujeres se ven obligadas a acudir a clínicas privadas donde sufren presiones o estigmatización.
El Ejecutivo confía en recabar apoyos suficientes en el Congreso y el Senado, donde la reforma requerirá una mayoría de tres quintos. En este contexto, Redondo ha apelado directamente al Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo: “Hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia”, ha recordado, mostrando su confianza en que el PP respalde la iniciativa.
