Este pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano que vela por la legalidad en la toma de decisiones del ejecutivo regional, ordenó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso iniciar “de inmediato” los trámites pertinentes para comenzar con la creación de este registro. De esta manera, da luz verde a la petición del Ministerio de Sanidad, como medida cautelar, para impulsar su puesta en marcha.
Este procedimiento judicial todavía está en curso y no hay una respuesta clara sobre si la Justicia ordenará finalmente a la Comunidad de Madrid crear este registro de objetores de conciencia de aquellos médicos que no quieran practicar abortos. Lo cierto es que ya es el único gobierno regional que todavía no ha creado dicho registro y esto, previsiblemente, podría inclinar la balanza de la Justicia hacia la materialización del listado.
Por un lado, la cartera que dirige Mónica García instó a la Comunidad de Madrid a cumplir con la conocida como Ley del Aborto y a crear esta lista de personal sanitario que no quiera practicar abortos. Fuentes del Ministerio de Sanidad insisten en que estas listas siempre serán privadas, que se conservarán los datos personales de aquellos médicos que ejerzan su derecho a decidir no interrumpir el embarazo y que, además, permitirán un mayor conocimiento de qué hospitales necesitan médicos que sí estén dispuestos a realizar esta práctica.
En resumidas cuentas, entienden que de esta manera se compatibiliza el derecho de la mujer a abortar y el derecho del médico a no actuar en contra de la vida, tal y como lo entienden aquellos profesionales que así lo decidan. De hecho, la ministra Mónica García publicaba en X: “Victoria judicial por el derecho al aborto. La Justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó”.
Lo cierto es que Más Madrid, al igual que otros grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, ha criticado en numerosas ocasiones a la presidenta madrileña por no garantizar el derecho al aborto en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, desde la Puerta del Sol lo niegan.
Por otro lado, el Ejecutivo de Ayuso discrepa de esta decisión del tribunal y muestra su pleno desacuerdo con lo que califican como un listado para señalar a aquellos que piensan de forma distinta. Además, recurrirán en reposición la medida cautelar ordenada judicialmente.
Desde el Gobierno regional lo dejan claro: cumplirán con esta orden judicial, pero fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid insisten en que el auto no entra en el fondo del asunto. Además, hacen especial hincapié en que ya están cumpliendo con la ley: esta autonomía, señalan, garantiza tanto el derecho de objeción de conciencia de los médicos como la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo.
Queda ahora por conocer cuál será la sentencia definitiva. No obstante, lo que sí queda en la hemeroteca es la contradicción del Ejecutivo regional de Madrid cuando votó a favor de esta medida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024, al igual que el resto de comunidades autónomas y ahora su posición es totalmente contraria.
