El Gobierno mantiene su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya citado como investigada en el caso Leire Díez. Moncloa ha trasladado “máxima tranquilidad” y defiende que González dará las explicaciones que correspondan ante la Justicia.
La decisión afecta también al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, que ha sido citado junto a González para declarar el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos seguirán en sus cargos, según fuentes del Ministerio del Interior.
Desde Moncloa insisten en que la imputación no cambia la posición del Ejecutivo. “Total normalidad y transparencia, porque no hay nada que ocultar”, trasladan desde el entorno del Gobierno. El mensaje va en la misma línea que el apoyo que Pedro Sánchez ya había expresado en las últimas semanas a la directora del Instituto Armado. El Gobierno opta por blindarse ante otro golpe judicial tras la condena al exministro Ábalos y Koldo García, las investigaciones por la SEPI, la imputación de Santos Cerdán y el escándalo sin precedentes del expresidente Zapatero.
Marlaska conserva la confianza en la cúpula del cuerpo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza tanto en Mercedes González como en Manuel Llamas. Fuentes de su departamento aseguran que los dos “seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora” y mostrarán “la máxima colaboración con la Justicia” en todo lo que se les requiera.
La citación de este martes llega después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera al juez Pedraz que llamara a ambos como investigados. El magistrado también había recibido una solicitud del Partido Popular, personado como acusación popular, aunque el PP reclamaba además investigar al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Pedraz no ha dado ese paso por ahora.
La causa investiga las presuntas maniobras atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez para promover actuaciones contra la Unidad Central Operativa (UCO) por supuestas filtraciones en procedimientos que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. En ese marco, el juez quiere escuchar ahora a la directora de la Guardia Civil y al número dos operativo del cuerpo.
El Gobierno se apoya en la versión de González en el Senado
El Ejecutivo da por válidas las explicaciones que Mercedes González ofreció en el Senado, donde negó haber participado en ninguna operación contra la UCO. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa”, afirmó entonces la directora general, que defendió que sus contactos con Leire Díez no tuvieron relación con investigaciones judiciales en curso.
Moncloa sostiene que González ya ha ofrecido explicaciones públicas y que ahora hará lo mismo ante el juez. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hablado también de “absoluta tranquilidad” y ha recordado que la causa está todavía en fase de instrucción. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha apelado igualmente al respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia.
El caso se ha tensado por los informes de la UCO sobre los contactos entre González y Leire Díez. Los agentes apuntan a varios encuentros entre ambas y a mensajes borrados en una conversación de WhatsApp. La directora general ha negado que esos contactos sirvieran para frenar, entorpecer o interferir en pesquisas del cuerpo.
El PP exige dimisiones y sube la presión sobre Marlaska
La oposición ha reaccionado con dureza. El Partido Popular exige la salida de Mercedes González, de Manuel Llamas y del propio Marlaska. La secretaria general popular, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de intentar “destruir” instituciones desde dentro y ha llegado a decir que González se ha convertido en “la Roldán de Sánchez”.
La ultraderecha Vox también ha pedido responsabilidades políticas y ha vuelto a cargar contra el ministro del Interior. La formación de Santiago Abascal sostiene que la imputación confirma sus denuncias sobre el funcionamiento del Gobierno y reclama el cese inmediato de los responsables afectados.
La presión no llega solo desde los partidos. Varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reclamado la dimisión de la directora general y del DAO. Jucil, AUGC y otras organizaciones del cuerpo consideran que su continuidad daña la imagen de la institución, aunque algunas han subrayado al mismo tiempo el derecho a la presunción de inocencia.
El calendario judicial ya está marcado. Mercedes González y Manuel Llamas deberán comparecer ante Pedraz el 16 de julio. Hasta entonces, Interior mantiene intacta su confianza en ambos y Moncloa evita abrir un debate de ceses por una citación como investigados.
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