El Gobierno ha respondido al ultimátum de Junts y ha cerrado la puerta a aprobar los dos decretos de vivienda que este viernes se someten a votación en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que la coalición progresista ha acordado mantener ambos reales decretos, pese a que la formación de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra si el Gobierno no los retira.
La dirección de Junts ha acordado este jueves por "unanimidad" exigir al Ejecutivo la retirada de los dos textos y, en caso contrario, votar en contra de ambos. La decisión se produjo después de que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, expresara su "decepción y preocupación" por el contenido de las medidas y cuestionara que los decretos impidan que los fondos de inversión continúen comprando vivienda.
Frente a esta posición, fuentes del Gobierno defienden que los decretos son el resultado de meses de trabajo y negociación con los diferentes grupos parlamentarios. El Ejecutivo sostiene que durante este proceso se ha tratado de "acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".
Los dos reales decretos incluyen medidas diferentes en materia de vivienda. El primero contempla, entre otras cuestiones, un régimen temporal de suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, medidas de protección para los arrendatarios, regulación de la figura del gran tenedor y distintas medidas fiscales. El segundo está orientado a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
El Gobierno defiende que estas medidas permitirán "frenar la especulación", "poner coto a los fondos buitre", facilitar el acceso a la primera vivienda, impulsar los alquileres asequibles y evitar desahucios "sin dañar a los pequeños propietarios".
Las mismas fuentes han utilizado además el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio previsto para este miércoles fue suspendido tras la entrada en vigor del primer decreto. El juzgado acordó paralizar el lanzamiento después de que la defensa de la afectada invocara las nuevas medidas de protección incluidas en el Real Decreto-ley 26/2026.
Con la negativa a retirar los textos, el Gobierno eleva ahora la presión sobre los grupos que todavía no respaldan ambos decretos. "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten", señalan las fuentes del Ejecutivo, que plantean la votación como una decisión entre apoyar las medidas impulsadas por el Gobierno o rechazarlas. "España ya no puede esperar más. Necesita solucciones y una política de vivienda valiente".
El Ejecutivo también agradece el respaldo anunciado por ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. El escenario, sin embargo, continúa condicionado por las posiciones de los distintos grupos. Podemos ha confirmado su apoyo a los dos decretos, mientras que el PNV ha anunciado que respaldará el primero pero votará en contra del segundo.
La votación tendrá lugar este viernes en el Pleno del Congreso, que debatirá a partir de las 11.00 horas la convalidación o derogación de ambos reales decretos-ley. El Gobierno mantiene así su posición después del ultimátum de Junts: no habrá retirada de los textos y serán los grupos parlamentarios quienes decidan su futuro en la Cámara Baja.
