Permanecer en la vivienda al terminar el contrato, sin tener que negociar desde cero cada cinco o siete años. Ese es el cambio que plantea el segundo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno, que establece renovaciones automáticas sucesivas y una indemnización para el inquilino cuando el propietario decida no continuar, salvo determinadas excepciones. Su continuidad dependerá de una votación que el Ejecutivo todavía no tiene asegurada.
La publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está prevista para este jueves, 1 de octubre, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El primero de los dos decretos se ha publicado este miércoles y entrará en vigor el jueves. Ambos llegarán por separado al pleno extraordinario del Congreso del viernes.
La separación responde al desacuerdo sobre la renovación automática, una exigencia del Sindicato de Inquilinas que Sumar incorporó a la negociación. El Gobierno pretende salvar el paquete más amplio aunque no consiga los votos para esta reforma. El primer decreto incluye protección frente a determinados desahucios hasta 2030, regulación del alquiler temporal y una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que cumplan sus requisitos.
Cómo cambiaría la renovación del alquiler
El segundo texto modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una vez cumplidos los cinco años de duración mínima cuando el propietario sea un particular, o siete cuando sea una empresa, el contrato se renovaría por periodos sucesivos de esa misma duración si ninguna de las partes comunica su voluntad de terminarlo. El preaviso sería de seis meses para el casero y dos para el inquilino.
El mecanismo permitiría encadenar renovaciones sin una fecha final obligatoria, aunque el propietario conservaría la posibilidad de no renovar. En ese caso tendría que pagar, salvo las excepciones previstas, al menos doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares, calculada conforme al sistema estatal de referencia. La compensación tampoco podría ser inferior a una mensualidad por cada año de residencia.
Por tanto, las doce mensualidades serían un mínimo, no un máximo. Si una persona hubiera vivido veinte años en la casa, ese segundo criterio elevaría el suelo de la indemnización a veinte mensualidades. El pago se realizaría al entregar la vivienda, y vender el inmueble tampoco permitiría eludirlo, porque la obligación pasaría al comprador.
El decreto contempla supuestos en los que no habría que indemnizar. Entre ellos, necesitar la vivienda para el propietario o familiares de hasta segundo grado, o para su cónyuge en caso de separación o divorcio; que el inquilino disponga de otra vivienda adecuada y disponible en el mismo municipio; o que no haya habitado la casa durante al menos seis meses del año anterior, salvo ausencias justificadas por salud, trabajo, estudios o cuidados.
También se prevén excepciones por vulnerabilidad acreditada del propietario o por la formalización u ofrecimiento de un nuevo contrato que cumpla las condiciones exigidas. Las causas deberán justificarse por escrito. Además, serían nulas las cláusulas de la prórroga que empeorasen el contrato original en perjuicio del inquilino.
La aplicación tendría una transición. Los avisos válidos de no renovación anteriores a la entrada en vigor quedarían exentos de indemnización. Según el texto, también habría una excepción para contratos que vencieran en los seis meses posteriores a la convalidación, con un preaviso de cuatro meses. Se mantienen asimismo prórrogas extraordinarias para determinados hogares vulnerables y viviendas en zonas tensionadas.
Por qué corre más riesgo en el Congreso
El principal obstáculo está en Junts, que ya había trasladado su rechazo a la renovación automática. Las reservas expresadas este miércoles por Míriam Nogueras sobre el paquete general tampoco permiten dar por asegurado el primer decreto. El PP y la ultraderecha Vox han anunciado su voto en contra de ambas normas.
El PNV sigue sin confirmar su posición y Podemos exige que las medidas se voten juntas. En ERC, Oriol Junqueras ha anunciado el respaldo a los dos decretos, mientras Gabriel Rufián ha evitado ratificarlo antes de revisar toda la letra pequeña. Sumar defiende ambos textos, pero el Gobierno afronta la votación sin una mayoría cerrada.
La posición de Junts condiciona las posibilidades de aprobación. Su voto en contra, sumado al PP y la ultraderecha Vox, haría muy difícil salvar la norma. Una abstención permitiría otra negociación, aunque obligaría al Ejecutivo a reunir los apoyos del resto de socios, especialmente PNV y Podemos. El desenlace dependerá de las posiciones finales y de los votos efectivos del pleno.
Ese riesgo explica las críticas al reparto de las medidas en dos textos. Ione Belarra ha acusado al Gobierno de hacer "una trampa" al separar la reforma más ambiciosa y ha reclamado una votación conjunta. Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también ha reconocido que preferían un único decreto, pero sostiene que todavía pueden conseguir los apoyos para la renovación.
El Ejecutivo distingue esa decisión política del retraso de publicación, que atribuye a razones de técnica legislativa. El segundo decreto modifica disposiciones afectadas por el primero, por lo que el Gobierno defiende que deben publicarse en ese orden. Los dos textos ya se han enviado a los grupos parlamentarios para preparar la votación.
El Sindicato de Inquilinas teme que salga adelante la protección temporal mientras cae la estabilidad permanente que reclama. Su portavoz Alicia del Río lo expresó en 'El Intermedio'. "Trocearlo es una especie de cálculo partidista, de ver si así se cae uno y el otro se aprueba". La organización mantiene la acampada de Sol y las movilizaciones previstas para este sábado, independientemente del resultado parlamentario.
