Podemos llegará al jueves con sus cuatro votos todavía abiertos y una reunión que puede terminar de inclinar la balanza. La formación morada se sentará por la mañana con representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para escuchar su posición antes de decidir qué hará en el pleno extraordinario convocado para el viernes.
Fuentes de Podemos confirman a ElConstitucional.es que el partido comparte por ahora la exigencia de evitar que las medidas queden divididas en dos decretos. La dirección tendrá muy presente el criterio del movimiento por la vivienda, responsable de las movilizaciones que han llenado las calles y de la acampada que permanece instalada en la Puerta del Sol.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este miércoles que su formación será "una herramienta en manos de los movimientos sociales" y ha evitado adelantar el sentido del voto. Su objetivo pasa por que el Gobierno retire los textos y presente un único decreto con todas las medidas, incluida la renovación automática de los contratos de alquiler.
"El Gobierno ha hecho una trampa", ha denunciado Belarra. A su juicio, el PSOE ha concentrado en el primer decreto las medidas con más posibilidades de prosperar y ha dejado la renovación automática de los alquileres en otro texto mucho más expuesto al rechazo de Junts, el Partido Popular y la ultraderecha Vox.
El Sindicato pide que salgan adelante los dos decretos
La posición pública del movimiento se ha concretado durante la tarde de este miércoles. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido a los partidos que apoyen los dos decretos en el Congreso, aunque mantiene sus críticas al Gobierno por haber separado el paquete y considera que las medidas siguen lejos de resolver el problema estructural de la vivienda.
Este pronunciamiento estrecha el margen de Podemos antes de la reunión. Los sindicatos sostienen que los textos contienen avances arrancados mediante la movilización y quieren impedir que las protecciones vuelvan a caer en una votación parlamentaria. Al mismo tiempo, mantienen que la renovación automática de los contratos representa una condición imprescindible para garantizar estabilidad a los inquilinos.
La organización ha convocado caceroladas este jueves a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos y prepara 22 manifestaciones para el fin de semana. Su horizonte sigue siendo una huelga general por la vivienda y la acampada de Sol continuará, como mínimo, hasta conocer el resultado del Congreso.
Podemos deberá resolver ahora cómo traslada esa posición a las dos votaciones. El partido coincide con el Sindicato de Inquilinas en reclamar contratos estables, una bajada de los alquileres y medidas mucho más duras contra la especulación. También defiende la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas al alquiler social y la prohibición de comprar inmuebles cuando el objetivo sea únicamente obtener rentabilidad.
La discrepancia se concentra en la estrategia elegida por el Ejecutivo. Belarra teme que la división permita al PSOE presentar como un gran avance la aprobación del primer texto mientras la reforma más ambiciosa queda derrotada. La dirigente morada ha llegado a describir ese segundo decreto como "un unicornio morado" porque el propio Gobierno reconoce las dificultades para reunir los apoyos necesarios.
Cuatro votos en medio de una mayoría incierta
El primer decreto ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este jueves, aunque deberá superar la convalidación del Congreso para mantenerse. Incluye la protección de determinadas familias vulnerables frente a los desahucios hasta 2030, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que finalicen antes de 2029 y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
La norma también incorpora restricciones a operaciones de compra especulativa realizadas por fondos y grandes empresas, nuevas medidas fiscales sobre las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, ayudas a los inquilinos y préstamos públicos al 0% para facilitar el acceso a la primera vivienda. El paquete reúne meses de negociaciones con los grupos y cuenta con más posibilidades de ser convalidado.
El segundo decreto concentra toda la tensión. Su medida principal permite que el inquilino continúe en la vivienda una vez terminado el contrato mientras cumpla con el pago y el propietario carezca de una causa justificada para recuperarla. Cuando el casero incumpla esa renovación sin motivo válido, deberá abonar una compensación equivalente a un año de alquiler.
ERC, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís han mostrado su disposición a respaldar los textos, pese a considerarlos insuficientes. El PP y Vox votarán en contra, mientras Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) todavía mantienen sus reservas. Los siete diputados de Junts resultan especialmente importantes para el primer decreto y rechazan de entrada la conversión de los alquileres en contratos de duración indefinida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "razonablemente optimista" y ha pedido a los grupos una "dosis de responsabilidad". Moncloa confía en que la presión de las movilizaciones y el impacto social del desahucio de Maricarmen hagan muy difícil justificar la caída de unas medidas que protegen a familias vulnerables y amplían los derechos de los inquilinos.
Los cuatro votos de Podemos cobran especial importancia en ese escenario. Apoyar los dos decretos permitiría salvar medidas que el partido comparte, aunque supondría aceptar el reparto diseñado por el PSOE. Rechazar alguno de ellos chocaría con la petición que acaba de lanzar la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y podría facilitar su derrota.
La dirección morada resolverá esa tensión después de la reunión del jueves. Horas más tarde, las caceroladas llevarán nuevamente el pulso por la vivienda a los ayuntamientos de todo el país. El Congreso votará los dos decretos por separado el viernes a partir de las 11.00 horas, con la acampada de la Puerta del Sol pendiente del marcador.
