Las calles mantienen el pulso por la vivienda pese a los decretos del Gobierno: Sol planta cara a las amenazas ultras y las protestas se extienden por todo el país

El Sindicato de Inquilinas seguirá en la Puerta del Sol al menos hasta la votación del viernes; Barcelona se sumó anoche a las acampadas, mientras Sevilla, Málaga, Cádiz y Bilbao mantienen viva una movilización que pide medidas más profundas

30 de septiembre de 2026 a las 08:33h
Cientos de manifestantes llenaron la noche del martes la Puerta del Sol en apoyo a la acampada por la vivienda tras las amenazas violentas de grupos ultras. Fuente: Diego Radamés / Europa Press
Cientos de manifestantes llenaron la noche del martes la Puerta del Sol en apoyo a la acampada por la vivienda tras las amenazas violentas de grupos ultras. Fuente: Diego Radamés / Europa Press

El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos de vivienda y, al caer la noche, las tiendas seguían en la Puerta del Sol. Miles de personas acudieron a la plaza madrileña tras el llamamiento del Sindicato de Inquilinas para proteger la acampada ante las amenazas difundidas por grupos de extrema derecha. Muchos regresaron después a sus casas; cientos de manifestantes permanecieron allí para pasar la cuarta noche.

La protesta había comenzado el sábado, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Ella ha aceptado un acuerdo para volver a su vivienda, pero su caso ha dado paso a una movilización que ya se extiende por otras ciudades. En la asamblea celebrada este martes en Sol, el sindicato pidió mantener la acampada al menos hasta el viernes, reclamó a las organizaciones sindicales que trabajen hacia una huelga general y llamó a salir de nuevo a la calle durante el fin de semana.

La aprobación de los decretos es un avance que los colectivos atribuyen a la presión ciudadana. También les preocupa que el Gobierno haya repartido las medidas en dos textos que deberán superar por separado la votación del Congreso. Por eso quieren leer la redacción completa antes de valorar hasta dónde llegan las protecciones anunciadas.

Dos decretos de vivienda pendientes de su apoyo en el Congreso

El primero reúne la mayor parte del paquete. Incluye la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables, una prórroga de dos años para contratos de alquiler vigentes que terminen antes del 31 de diciembre de 2028, medidas sobre alquileres de temporada y por habitaciones y restricciones a la compra especulativa de viviendas hasta 2028. También incorpora incentivos fiscales y actuaciones para impulsar la vivienda pública. El alcance concreto de varias medidas, incluida la restricción a las compras especulativas, deberá comprobarse en el texto oficial.

El segundo decreto contiene la renovación automática de los contratos de alquiler, con excepciones para determinados supuestos de necesidad del propietario. Fue el último gran escollo de una negociación que PSOE y Sumar prolongaron hasta el mediodía del martes. El ministro Pablo Bustinduy admitió que Sumar quería llevar esa medida junto al resto y que tampoco comparte algunas bonificaciones fiscales ni los límites temporales pactados. Aun así, defendió el acuerdo y pidió a los grupos parlamentarios que lo convaliden.

Está prevista la publicación de ambos textos en el BOE este miércoles. Su redacción permitirá comprobar desde cuándo rige cada medida. El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario para votarlos el viernes, pero todavía busca los apoyos necesarios. Junts y Podemos no han aclarado su voto. La formación de Míriam Nogueras reclama más protección para los pequeños propietarios y mantiene abierta la negociación; Podemos critica la división del paquete. La separación deja especialmente expuesto el decreto de la renovación automática, que suscita más resistencia entre posibles socios parlamentarios.

La distancia entre administraciones también quedó a la vista en el especial sobre vivienda emitido anoche por RTVE. El consejero madrileño Jorge Rodrigo sostuvo que los decretos habían dado "la puntilla" al mercado del alquiler. La ministra Isabel Rodríguez le respondió que, si la Comunidad de Madrid dejara sus competencias en manos del Gobierno central, convocaría otro Consejo de Ministros para congelar los alquileres en la región. Rodríguez reconoció además que debe ser prudente sobre el resultado de la votación del viernes.

Sol resiste entre amenazas ultras de violencia y el ultimátum de Ayuso

La asamblea de la Puerta del Sol había dejado clara por la tarde la decisión de continuar. "Esto ya va más allá de Maricarmen o un decreto", dijeron los manifestantes. Su portavoz Valeria Racu pidió conocer la letra pequeña de las normas y recordó que detrás de muchos desalojos hay años de subidas, burofaxes e incertidumbre que rara vez aparecen en las imágenes de un lanzamiento judicial.

Horas después, los mensajes de extrema derecha cambiaron el ritmo de la plaza. Daniel Esteve, responsable de Desokupa, insinuó en redes que habría una "fiesta" durante la noche, mientras Pedro Chaparro, de la formación neonazi Democracia Nacional, alentó a echar "a patadas" a los acampados.

El Sindicato de Inquilinas llamó entonces a rodear y proteger las tiendas. Miles de personas respondieron a la convocatoria. Se registró un episodio de tensión en la calle del Arenal cuando dos jóvenes que portaban banderas intentaron acceder a Sol y acabaron marchándose con presencia policial. No se produjo el asalto colectivo que temían los organizadores.

 

A esa amenaza se suma la del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para retirar el campamento y ha advertido de posibles acciones judiciales. El alcalde José Luis Martínez-Almeida también ha reclamado su desalojo. La Delegación, por su parte, ha defendido el derecho de reunión y ha señalado que la Policía seguirá velando por la seguridad en la plaza. La disputa llega mientras quienes duermen allí preparan nuevas movilizaciones y esperan la votación del Congreso.

El clamor social por la vivienda se extiende de Barcelona a Andalucía y Bilbao

Barcelona se incorporó este martes a las acampadas. Unas 150 personas se reunieron en la plaça Catalunya, instalaron alrededor de una veintena de tiendas y decidieron en asamblea continuar durante la noche. La iniciativa reúne a activistas de distintos colectivos y llega después de la protesta convocada el lunes por el Sindicat de Llogateres con motivo de la visita de Pedro Sánchez a la ciudad.

En Andalucía, Sevilla, Málaga y Cádiz acordaron mantener sus acampadas tras conocer el acuerdo del Gobierno. Las tiendas siguen en las Setas de la Encarnación, en la plaza de la Constitución malagueña y en la plaza del Palillero gaditana. En Córdoba, en cambio, la acampada se levantó el martes y los convocantes han anunciado una manifestación para el domingo. Almería reunió a unas 300 personas en la Puerta de Purchena. Son decisiones distintas tomadas en cada plaza, aunque comparten la exigencia de medidas duraderas frente a los desahucios y el encarecimiento del alquiler.

La explanada del Teatro Arriaga de Bilbao también acogió tiendas desde la noche del lunes. Sus participantes preparan más movilizaciones, mientras en Donostia unas 200 personas se concentraron el martes sin plantear una acampada. En Palma, la asamblea de la plaza de España decidió mantener el campamento como lugar de organización. A última hora del martes, más de 300 personas participaron en una asamblea en Las Palmas de Gran Canaria que acordó acampar frente a la Delegación del Gobierno.

También se habían instalado tiendas en Murcia, Santander y Santiago de Compostela, aunque la situación de cada protesta ha evolucionado de forma diferente; en Santiago, la Policía desalojó el interior de la estación intermodal donde se habían situado inicialmente. Ourense, León y Zamora se cuentan entre las ciudades que han acogido concentraciones. Las nuevas convocatorias del Sindicato de Inquilinas para toda España, previstas para el fin de semana, llevarán la movilización más allá de las plazas donde hoy permanecen las tiendas.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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