Sumar ha salido del Consejo de Ministros dispuesto a defender los dos decretos de vivienda y a elevar la presión sobre los partidos que deberán decidir su futuro este viernes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido del coste político que puede tener rechazar unas medidas que ofrecen "alivio inmediato" a millones de familias.
"Auguro a quien se ponga frente a ese clamor social un destino político muy delicado", ha avisado Bustinduy durante una comparecencia en el Ministerio de Trabajo junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Mónica García, Ernest Urtasun y Sira Rego.
La imagen ha reunido a las cuatro principales fuerzas que integran el espacio de Sumar -Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns-, frente a un gran cartel con el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna. Los cinco ministros han reivindicado el acuerdo como una "conquista" lograda gracias a la movilización social, aunque también han reconocido las concesiones realizadas durante una negociación especialmente dura con el PSOE.
El mensaje apunta hacia Junts y Podemos, cuyos votos permanecen abiertos, aunque Bustinduy también ha cargado contra el rechazo anunciado por PP y Vox. El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario para este viernes 2 de octubre, cuando cada decreto se someterá a una votación separada y necesitará más votos favorables que contrarios para continuar en vigor.
Sumar quiere que la discusión obligue a todos los grupos a retratarse ante medidas concretas. "Va a ser muy difícil explicar una posición de desinterés o de desgana", ha sostenido Bustinduy antes de recordar que en el Congreso se hablará de desahucios, fondos buitre, alquileres y protección de las familias.
El PSOE impuso separar la renovación automática
El acuerdo ha llegado después de una noche entera de conversaciones, una reunión del Consejo de Ministros retrasada durante una hora y nuevos contactos que se prolongaron hasta el mediodía. El principal choque ha estado en la renovación automática de los contratos de alquiler, la medida que reclama el Sindicato de Inquilinas para evitar que las familias tengan que abandonar sus casas cada vez que termina el contrato.
Sumar pretendía incluirla en el decreto principal junto al resto del paquete. El PSOE exigió finalmente sacarla a un segundo texto, una fórmula que permite a Junts y al Partido Nacionalista Vasco apoyar las demás medidas y rechazar por separado la continuidad automática de los alquileres.
"Nosotros queríamos que hubiera un solo decreto", ha reconocido Bustinduy. El ministro ha defendido que la renovación puede beneficiar a cerca de cinco millones de contratos y ha presentado la medida como una transformación profunda de la cultura del alquiler, con excepciones cuando el propietario necesite recuperar la vivienda para sí mismo o para determinados familiares.
El primer decreto concentra el grueso del acuerdo. Incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que venzan antes de terminar 2028, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la prohibición temporal de las compras especulativas realizadas por fondos buitre.
También incorpora deducciones para inquilinos con rentas bajas, bonificaciones fiscales para propietarios, préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de una primera vivienda y nuevas medidas para ampliar el parque público. Los pisos turísticos pasarán a tributar con un IVA del 21% y las plataformas afrontarán sanciones más duras cuando comercialicen alojamientos irregulares.
Los partidos de Sumar han aceptado las bonificaciones a los caseros para facilitar una mayoría parlamentaria, pese a sus dudas sobre su eficacia. También consideran insuficientes algunos límites temporales. La decisión política ha sido respaldar el acuerdo y pelear ahora por los dos decretos, después de meses acusando al PSOE de retrasar cualquier intervención seria sobre el mercado.
La presión de la calle ha resultado decisiva. El desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años expulsada de la casa madrileña donde vivía desde 1956, ha desencadenado manifestaciones y acampadas en distintas ciudades. La protesta de la Puerta del Sol continúa activa y el Sindicato de Inquilinas rechaza que el Gobierno haya dividido sus principales exigencias en dos votaciones.
Podemos también ha calificado el troceo de "trampa" y todavía evita garantizar sus cuatro votos. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), en cambio, ha avanzado que respaldará ambos decretos aunque los considere insuficientes. Sumar recuerda que el paquete supera ampliamente al decreto que Podemos apoyó en primavera y que terminó decayendo en el Congreso.
Junts vuelve a escudarse en el pequeño propietario
Junts ha respondido a la ofensiva de Sumar acusando al socio minoritario del Gobierno de "vetar la protección del pequeño propietario". Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, asegura que el lunes existía un acuerdo con el Ejecutivo y que las condiciones cambiaron durante las últimas horas de la negociación.
El partido de Carles Puigdemont acepta suspender desahucios y limitar las operaciones especulativas cuando la vivienda pertenezca a un fondo de inversión. Su principal exigencia pasa por garantizar que la Administración asuma el coste cuando el afectado sea un propietario con pocos inmuebles y el inquilino se encuentre en una situación acreditada de vulnerabilidad.
Nogueras sostiene que más del 90% de los propietarios de viviendas en Cataluña son pequeños arrendadores y acusa a Sumar de dejarlos "a la intemperie". Preguntada por el número de inmuebles que debería marcar esa categoría, la portavoz ha admitido que fijar una definición "no es tremendamente sencillo".
Esa falta de concreción debilita el choque planteado por Junts. La negociación lleva días abordando compensaciones públicas para propietarios afectados por la suspensión de un lanzamiento, mientras la disputa principal se concentra en el alcance de esas garantías y en la renovación automática de los contratos.
Junts ha llegado a acusar a Sumar y al resto de la izquierda de responder a "ideologías extremas" y de actuar en clave electoral. Al mismo tiempo, mantiene abierta la negociación para evitar aparecer junto a PP y Vox tumbando todo el escudo frente a los desahucios y la especulación.
La separación de los textos le permite respaldar el primer paquete y rechazar el segundo. Esa fue precisamente la salida impuesta por el PSOE durante las últimas horas de negociación, pese al malestar de Sumar y de los colectivos de vivienda.
Los contactos continuarán hasta el pleno extraordinario. Bustinduy ha dejado la responsabilidad en manos de quienes tendrán que pulsar el botón este viernes. "Cada grupo parlamentario es dueño de su decisión y lo será en el momento de votar", ha remachado.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
