La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles los siete últimos reales decretos-leyes del Gobierno y ha mantenido en vigor un paquete de ayudas y reformas aprobado tras la disolución de las Cortes.
El órgano, que reúne la mayoría absoluta necesaria con 35 votos, ha sacado adelante normas sobre Ceuta, la dana Adam, el accidente ferroviario de Urda y varias medidas sociales. La Diputación Permanente podrá reunirse la próxima semana por última vez antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Ceuta y la dana Adam concentran el choque político mientras el Gobierno defiende la normalidad
El debate más bronco se ha producido con el decreto de ayudas a Ceuta, dotado con 45,32 millones de euros en subvenciones directas para financiar actuaciones tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que "se está recuperando la normalidad", aunque la oposición ha cuestionado ese diagnóstico.
Torres también ha avanzado que este miércoles comienzan las obras de ampliación del espigón y del obstáculo flotante, que pasará a tener más de medio kilómetro. La diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha acusado al Ejecutivo de «abandonar» a los ceutíes y Vox ha elevado el tono al calificar la entrada masiva de «invasión».
Sumar y Podemos, por su parte, han denunciado presuntos casos de torturas contra personas migrantes atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas; Amnistía Internacional ha documentado hasta 50 casos. La Cámara también ha avalado el decreto de respuesta a los daños de la dana Adam, registrada entre el 17 y el 19 de octubre. La norma incluye apoyo al sector agrario, al comercio, al turismo y a la hostelería, además de obras para reparar infraestructuras hidráulicas y la zona marítimo-terrestre.
Urda y el paquete social: seguridad ferroviaria, dependencia y pensiones bajo el mismo decreto
La Diputación Permanente ha convalidado además los dos decretos aprobados tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El primero fija ayudas a las víctimas, de entre 2.404 y 84.141 euros por fallecimiento o lesiones, y medidas de protección para los viajeros, con límites a los precios que pueden cobrar los operadores en situaciones de emergencia.
El segundo refuerza la seguridad ferroviaria y la protección social de los trabajadores: modifica los tiempos de conducción de los maquinistas, los coeficientes para adelantar la edad de jubilación en determinadas profesiones y las condiciones de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
En el bloque social, el Gobierno ha sacado adelante un decreto que reconoce el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como causas de incapacidad temporal. También cambia la prestación por cuidado de menores con enfermedades graves, los requisitos de la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y las pensiones de orfandad en casos de violencia contra la mujer.
La Cámara ha aprobado, además, la reforma del sistema de dependencia, que fija cuantías mínimas mensuales de 90 euros para la dependencia moderada, 260 para la severa y 660 para la gran dependencia. El tercer decreto crea una categoría especial de familias monoparentales y amplía la cobertura de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, mientras Elma Saiz y Pablo Bustinduy han defendido que la protección pública debe adaptarse a la evolución social.
Los siete decretos-leyes han entrado en vigor con su publicación en el BOE, pero la convalidación de este miércoles era obligatoria dentro del plazo de 30 días. Ahora queda por delante la última reunión prevista de la Diputación Permanente antes de las elecciones del 29 de noviembre.
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