El Gobierno de Pedro Sánchez ha endurecido su postura en el debate para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos oficialmente por la Unión Europea. Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press, España ha comunicado que no será "posible aceptar" la incorporación de idiomas adicionales al reglamento lingüístico comunitario derivados de futuros ingresos de nuevos Estados miembro sin que previamente se haya aprobado la oficialidad de sus lenguas cooficiales.
En agosto de 2023, como parte del acuerdo con Junts para asegurar su apoyo parlamentario en esta legislatura, España presentó formalmente ante la UE su solicitud para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Este proceso requiere unanimidad entre los 27 países miembros, un consenso aún inalcanzable.
Así lo confirmaron desde Exteriores tras anunciar que plantearán este asunto en el próximo Consejo de Asuntos Generales bajo un punto dedicado a "lenguas oficiales y ampliación". En este contexto, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ya había insinuado esta nueva condicionalidad relacionada con la entrada de nuevos países y las posibles lenguas adicionales que esto implicaría.
Apoyo firme pero exigente
El Gobierno reafirma su respaldo al proceso de ampliación europea, tal como han declarado tanto José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, como Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo. En palabras oficiales: "La incorporación de nuevas lenguas oficiales es muy positiva debido a su estrecha relación con el sentimiento europeo de pertenencia".
No obstante, desde Exteriores insisten en que es urgente avanzar hacia una reforma institucional que permita incluir oficialmente estas tres lenguas españolas dentro del marco comunitario. Hasta ahora no se ha convocado votación alguna porque España detectó falta de unanimidad suficiente para evitar un rechazo frontal.
La cuestión volverá a ser abordada en la reunión prevista para el 22 de septiembre, aunque no se espera un debate profundo. Será así la primera ocasión desde julio de 2025 en que se retome formalmente este tema después del rechazo recibido entonces por una decena de socios europeos liderados por Alemania.
Aún no hay indicios claros sobre cambios significativos en las posiciones contrarias; incluso después del encuentro entre Albares y su homólogo alemán en mayo pasado, Berlín reiteró sus reservas al respecto.
Dificultad principal: lograr unanimidad
El requisito legal indispensable es contar con unanimidad absoluta entre los Veintisiete, un obstáculo complejo dadas las preocupaciones jurídicas planteadas por varios Estados sobre posibles precedentes para otras lenguas minoritarias europeas.
Para superar algunas objeciones económicas y operativas, España se comprometió a asumir los costes adicionales estimados por la Comisión Europea —unos 132 millones de euros anuales basados en experiencias previas como con el gaélico. Además propuso una implementación parcial desde 2027: inicialmente solo traducir reglamentos específicos del Consejo y Parlamento Europeo —equivalente al 3% del total normativo— con vistas a reducir carga administrativa.
Criterios jurídicos y constitucionales españoles
El Ejecutivo subraya que las tres lenguas cooficiales están amparadas por la Constitución española antes incluso del ingreso a la UE; son usadas institucionalmente en Congreso y Senado y cuentan con traducciones previas tanto de tratados europeos como buena parte del cuerpo legislativo comunitario. Estos argumentos buscan diferenciarse frente a otras solicitudes lingüísticas minoritarias carentes de estos avales legales e históricos.
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