Salvador Illa ha reaccionado este jueves al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, con una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. El presidente catalán ha calificado el pronunciamiento de "una muy buena noticia" tanto para Cataluña como para España, y ha exigido a los tribunales que apliquen la norma de forma "diligente, integral y sin más dilaciones".
En una intervención de ocho minutos, Illa fue tajante sobre el alcance del fallo. A su juicio, tras la decisión de Luxemburgo "no hay más vuelta de hoja". El presidente insistió en que "es hora de mirar hacia adelante", dejando entrever que considera cerrado el debate judicial sobre la validez de la amnistía.
El presidente de la Generalitat ha cerrado su intervención reafirmando su compromiso de gobernar "para todos, por el bien de todos y para el futuro de todos", antes de concluir con un mensaje dirigido tanto al ámbito catalán como al europeo."Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante", ha concluido.
Cruce de reacciones tras el pronunciamiento europeo
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea provocó una inmediata respuesta de las principales formaciones políticas. Desde ERC, su presidente, Oriol Junqueras, sostuvo que la resolución despeja cualquier argumento para seguir retrasando la aplicación de la ley y afirmó que, tras el pronunciamiento de Luxemburgo, "ya no hay excusas" para impedir su ejecución.
En el Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificó la decisión del tribunal europeo como un respaldo a la actuación del Ejecutivo y defendió que la ley de amnistía "ha quedado validada desde tres opticas: desde el punto de vista de los derechos humanos, el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista del derecho europeo”.
Por otra parte, el Partido Popular insistió en que el pronunciamiento del TJUE no pone fin al debate sobre la amnistía. Los populares subrayaron que la sentencia "se circunscribía a un análisis muy concreto" del Derecho de la Unión y defendieron que la discusión de fondo sigue siendo política. "El debate nunca fue solo jurídico", señalaron desde la formación, que mantiene que la norma responde a un intercambio de "poder por impunidad".
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