Irene Montero señala al bipartidismo tras las últimas informaciones del 'caso Koldo': acusa a PSOE y PP de erosionar la confianza ciudadana

La candidata de Podemos, Irene Montero, critica que la corrupción erosiona la confianza en las instituciones y reclama vetar a empresas implicadas en casos corruptos para optar a contratos públicos

06 de noviembre de 2026 a las 11:49h
| Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 12:23h
La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press. Fernando Sánchez / Europa Press
La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press. Fernando Sánchez / Europa Press

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado este viernes que las nuevas detenciones practicadas en relación con el caso Koldo son otro ejemplo de la corrupción ligada al bipartidismo de PSOE y PP, durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press.

Montero ha advertido de que la corrupción hace perder la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y de que constituye una prueba de que los ejecutivos no están sirviendo “para hacer cumplir la ley ni garantizar la igualdad de oportunidades”. En su intervención, la referente electoral de Podemos ha insistido en que la corrupción es una forma de trasvasar “dinero público a manos privadas”, a veces de manera “legalizada” mediante licitaciones y, en otras ocasiones, de forma “ilegal”.

Críticas a la falta de prohibiciones para contratar con la Administración

La exministra de Igualdad ha censurado que todavía no se haya desplegado la prohibición a empresas vinculadas a casos de corrupción para concurrir a contratos con la Administración pública. Según ha explicado, una medida de ese tipo, además de castigar las irregularidades, permitiría abrir más oportunidades a las pequeñas empresas para formalizar contratos con las administraciones públicas y evitar que “se lleven el dinero siempre los mismos”.

En la misma línea, Irene Montero ha denunciado la existencia de una “mayoría bipartidista política y empresarial” que, a su juicio, “sigue protegiendo la corrupción como forma de gobierno y que sigue diciendo que el problema es que se sepa, no que exista”.

“El problema es que se sepa”

La candidata de Podemos ha incidido en que, para los grandes partidos, el problema no es la corrupción en sí, sino “que se sepa”, mientras ha sostenido que la ciudadanía “no quiere que haya corrupción” y que, precisamente por percibir que es “tan estructural”, se aleja de la política.

En ese contexto, Montero se ha preguntado cómo se sentirá “un autónomo pequeño” cuando observa “los trapicheos que se hacen solo con las mismas empresas de siempre, las grandes, las del Ibex”, que además, según ha señalado, “gracias a esas posiciones consiguen más y más beneficios”.

La concentración de la riqueza y el negocio con lo básico

Durante su análisis sobre la economía actual, la dirigente política ha puesto el foco en la desproporcionada acumulación de capital a nivel global y nacional, denunciando que el 1% de la población concentra tanto patrimonio como el 95 restante. A su juicio, este desequilibrio se agrava al constatarse que sectores esenciales para la vida y el bienestar social —como el acceso a la vivienda, los recursos naturales (agua y viento) o la sanidad— se han convertido en objetos de lucro mercantil.

Para la formación morada, esta dinámica demuestra que la política actual ha claudicado ante los intereses económicos: "Los gobiernos no tienen credibilidad porque no consiguen repartir la riqueza; son representantes de las grandes fortunas y no de los trabajadores", ha criticado, insistiendo en que el objetivo prioritario de las instituciones debería garantizar tres pilares fundamentales: paz, vivienda y empleo.

Las prioridades políticas bajo lupa

En su crítica a las decisiones económicas de los ejecutivos, Montero ha puesto sobre la mesa la disparidad de criterios a la hora de afrontar crisis o regular el mercado. La dirigente se ha preguntado por qué se asumen con normalidad situaciones de exclusión habitacional o precios elevados en productos básicos como el combustible, mientras se bloquean medidas de calado social.

En este sentido, ha cuestionado la resistencia institucional frente a propuestas orientadas a la redistribución, como fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1.800 euros o intervenir de forma efectiva el mercado del alquiler mediante la regulación por ley de los precios. La propuesta de su espacio político pasa por revertir esta tendencia mediante una intervención pública firme que logre "hacer bajar" el dinero acumulado en las capas altas de la sociedad.

Sobre el autor
Alexis Sánchez Díaz, redactor de ElConstitucional.es
Alexis Sánchez

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