El escándalo de las muertes de ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia sigue avanzando en los tribunales. El Tribunal de Instancia de Getafe, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 3, ha aprobado extender la investigación contra Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, por un presunto delito de prevaricación vinculado a los protocolos de derivación hospitalaria desde residencias durante la pandemia.
Según consta en un auto que acepta en parte la ampliación de la denuncia presentada por el PSOE, esta ampliación de la investigación se centra en la posible prevaricación de Mur respecto a la orden enviada al Hospital de Getafe y a la residencia geriátrica "Los Ángeles".
La investigación ahora incluye también al sucesor de Mur en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, en relación con su participación en los hechos. La ampliación de la denuncia se refiere a todas las órdenes relacionadas con la hospitalización de personas con discapacidad, personas mayores enfermas y otros colectivos durante la pandemia, así como a las decisiones sobre la medicalización de residencias en la Comunidad de Madrid.
El juez ha descartado que la investigación abarque un ámbito más amplio, argumentando que excedería la competencia territorial del juzgado. Por ello, señala que las diligencias se limitan a hechos concretos ocurridos en Getafe, descartando analizar decisiones autonómicas adoptadas en otros municipios.
Carlos Mur está siendo investigado en varios procedimientos por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria debido a la aplicación de estos protocolos al inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
En febrero, Mur afirmó que las instrucciones formaban parte de un plan de acción frente al coronavirus presentado el 12 de marzo de 2020 por el entonces consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en una rueda de prensa oficial.
Además, Mur explicó que el 20 de marzo de 2020 envió un correo electrónico al consejero alertando de la inviabilidad de la medicalización de las residencias.
