El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado levantar parcialmente el secreto de sumario de la investigación conocida como el caso de las presuntas cloacas del PSOE, una decisión que permitirá a las partes acceder a una parte relevante de las diligencias practicadas durante los últimos meses y conocer con mayor detalle el alcance de una causa que ha provocado un fuerte terremoto político en el marco del caso Leire Díez.
La investigación se centra en una supuesta estructura integrada por exdirigentes socialistas, empresarios y colaboradores que, según las sospechas judiciales, habría desarrollado actuaciones destinadas a obtener información sensible, recabar datos sobre investigadores y tratar de influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o a personas de su entorno.
La decisión de Pedraz supone un paso clave en la instrucción de la causa. Hasta ahora, buena parte de las actuaciones permanecían protegidas por el secreto de sumario para evitar que los investigados conocieran el contenido de determinadas diligencias o pudieran interferir en la investigación.
Acceso a las actuaciones
Con el levantamiento parcial, las defensas y acusaciones podrán acceder a documentación que incluye informes policiales, declaraciones, análisis de comunicaciones y otras pruebas incorporadas al procedimiento.
No obstante, parte de la investigación continuará bajo secreto para preservar actuaciones que siguen en marcha o cuya divulgación podría perjudicar el desarrollo de la causa.
Los autos conocidos hasta la fecha describen una presunta organización que habría operado para recopilar información sobre jueces, fiscales, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otras personas relacionadas con procedimientos considerados sensibles para los intereses del PSOE.
Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran la exmilitante socialista Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente socialista Ana María Fuentes, el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset.
El magistrado investiga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y falsedad documental, entre otros.
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