El juez Juan Carlos Peinado, conocido por su peculiar instrucción del 'caso Begoña Gómez' ha vuelto a verse envuelto en la polémica por su particular forma de afrontar sus sumarios. Según ha revelado este jueves el diario El País, un error del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha comprometido otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres.
La Fiscalía, pese a apreciar indicios de delito, se ha visto obligada a pedir el sobreseimiento de la causa porque el magistrado no prorrogó la instrucción a tiempo. Entre los investigados hay un exalto cargo del Gobierno.
El caso de presunta corrupción vinculado a proyectos renovables de la empresa Forestalia en Teruel, por el que han sido detenidas seis personas esta semana, no es el único en el que está implicado un exalto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica, al que la Guardia Civil atribuye el presunto cobro de comisiones ilegales por ayudar a que parques eólicos y solares tuvieran el aval ambiental. El investigado está implicado en otro caso relativo al permiso ambiental en Alcántara (Cáceres).
Pero la instrucción del caso, a pesar de que la Fiscalía aprecia indicios de delito de prevaricación, está en el aire por errores de procedimiento del juez Peinado, que habría incumplido los plazos para poder prorrogar la investigación seis meses más. El fiscal, César Estirado, le había advertido meses antes de que debía hacerlo porque el plazo de prórroga cumplía en julio de 2025, pero su requerimiento fue ignorado, según El País.
La respuesta del juez Peinado a la petición de archivo de la Fiscalía fue decretar la prórroga el 17 de octubre, tres meses fuera de plazo, según la información que publica el diario de Prisa -citando fuentes del caso- que señalan que, además, esa prórroga fuera de plazo no se notificó ni a las acusaciones ni a las defensas.
