El magistrado José María Escribano ha llamado a declarar en calidad de investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el préstamo de 475 millones de euros concedido a la aerolínea en noviembre de 2020.
Según un auto conocido este lunes, el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid admite a trámite la querella presentada por PP y Vox y fija la comparecencia de Lora para el próximo 3 de julio a las 9.30 horas.
El juez que dirige la investigación sobre las supuestas irregularidades en el rescate considera que los hechos examinados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".
En la misma resolución, Escribano ordena a la SEPI que identifique al secretario del consejo gestor, a los vocales con derecho a voz y voto en las reuniones de dicho órgano, a los invitados a las sesiones en las que se abordó el rescate de Air Europa, a los técnicos responsables de la tramitación del expediente y al redactor del informe de la Abogacía del Estado que avaló la operación, "todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda" tras escuchar a Lora.
El auto requiere igualmente a la SEPI el expediente completo del préstamo, incluidas las actas íntegras, borradores, anexos y toda la documentación facilitada a los vocales y a la presidencia en las reuniones en las que se trató el asunto, así como los listados de asistentes, la consulta sobre los antecedentes remitidos y el informe definitivo emitido, "especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación".
Asimismo, el magistrado solicita los informes de fiscalización o control elaborados sobre la operación, junto con las observaciones, reparos, recomendaciones y las respuestas ofrecidas por la SEPI y el consejo gestor, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con los gabinetes ministeriales vinculadas al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
El instructor reclama también la agenda del presidente del consejo gestor y las convocatorias correspondientes, el contrato de financiación, el acuerdo de apoyo público temporal, los acuerdos de gestión y sus anexos, el desglose por tramos con la justificación técnica y jurídica, los umbrales tenidos en cuenta y las notas relativas al control europeo.
Por último, exige a la SEPI las escrituras, modificaciones estatutarias o de objeto social, la composición de los órganos de administración y las relaciones intragrupo, así como las cuentas anuales de 2019 y 2020 tanto del grupo como de la 'holding' receptora formal, junto con los acuerdos de distribución de dividendos y su correspondiente reflejo contable.
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