La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves abrir un expediente sancionador a Pedro Sánchez por sus declaraciones en la rueda de prensa del pasado 6 de octubre en el Palacio de la Moncloa. El órgano electoral considera que las referencias del presidente a los logros de su Gobierno, sus críticas a la oposición y su petición de una mayoría parlamentaria más amplia pudieron vulnerar la obligación de neutralidad institucional ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
La decisión estima parcialmente las denuncias del PP y Se Acabó La Fiesta y ordena a Presidencia retirar las manifestaciones cuestionadas de la web de Moncloa y de los demás canales oficiales. El procedimiento puede terminar con una multa de entre 300 y 3.000 euros, aunque la apertura del expediente todavía no supone que se haya impuesto una sanción.
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha celebrado el acuerdo como una victoria política y ha acusado al presidente de utilizar recursos públicos para "hacer trampas" en la precampaña. "Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida", ha proclamado en un comunicado, en el que vuelve a describir aquella comparecencia como un "mitin" desde la sede del Gobierno.
La petición de una mayoría más amplia
Sánchez compareció después del Consejo de Ministros que aprobó dos nuevos decretos sobre vivienda, tras el rechazo del Congreso a los anteriores. Durante su intervención vinculó la posibilidad de avanzar en esta materia con el resultado de las elecciones. "Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda", afirmó.
La Junta también recoge sus referencias al balance del Ejecutivo, entre ellas el aumento de los recursos destinados a vivienda protegida y del fondo de reserva de las pensiones, así como sus reproches a los grupos que habían tumbado los decretos. Sánchez sostuvo que en aquella votación "no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios".
Para la JEC, esas declaraciones, consideradas conjuntamente, "exceden de la exposición objetiva de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros". El órgano electoral entiende que el presidente introdujo valoraciones sobre su gestión y sus adversarios y las relacionó con la necesidad de obtener más apoyo en las urnas. El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe, desde la convocatoria electoral, los actos organizados o financiados por los poderes públicos que incluyan alusiones a sus logros.
El acuerdo sitúa el límite en el uso de los medios institucionales durante el periodo electoral. "El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el periodo electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo", señala la Junta, que le insta a respetar ese deber en sus próximas intervenciones oficiales.
Dos comparecencias con distinto recorrido
La JEC diferencia aquella rueda de prensa de la declaración institucional del 5 de octubre, cuando Sánchez anunció el adelanto electoral. En ese momento todavía no se había publicado el decreto de convocatoria, que entró en vigor al día siguiente, por lo que las restricciones del periodo electoral aún no eran aplicables. Por ese motivo, descarta abrir un expediente por aquella intervención.
Sí cuestiona, en cambio, que sus contenidos partidistas sigan difundidos en canales oficiales una vez convocadas las elecciones. También pide retirar de la web de Presidencia las manifestaciones del anuncio del día 5 que vayan más allá de la información estrictamente institucional sobre la convocatoria del 29N.
En sus alegaciones, Sánchez había solicitado desestimar la denuncia y defendido que la legislación electoral permite al Gobierno seguir actuando e informar de sus decisiones. Su defensa sostuvo que la comparecencia respetó los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre las formaciones políticas. La Junta considera, sin embargo, que las declaraciones señaladas sobrepasaron la explicación de las medidas aprobadas.
El PP ha recurrido a los antecedentes para acusarle de "reincidente" y asegura que acumula cuatro multas por un total de 6.600 euros. Entre las sanciones anteriores figuran una de 500 euros por una entrevista televisiva desde Moncloa durante el periodo electoral de 2019 y otra de 2.200 euros por una rueda de prensa en Bruselas en 2023. La posible multa por la comparecencia del 6 de octubre queda pendiente de la instrucción del nuevo expediente.
