El Congreso de los Diputados ha aprobado la iniciativa del Partido Popular (PP) para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades políticas por los casos que rodean al PSOE. La votación salió adelante con 178 votos a favor y 171 en contra, gracias al respaldo de la ultraderecha Vox, Junts per Catalunya (Junts), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria. La imagen política pesa más que el efecto jurídico, porque la Cámara no puede obligar al jefe del Ejecutivo a activar ese mecanismo.
La clave vuelve a estar en Junts. Los siete diputados de Carles Puigdemont apoyaron al PP en una votación que Moncloa considera no vinculante, pero que sirve a los populares para reforzar su relato de que Sánchez ha perdido pie en el Congreso. La formación independentista no ha roto definitivamente y formalmente con el Gobierno, pero tampoco ha pasado a formar parte de una mayoría alternativa con PP y Vox. Sí ha querido dejar claro que el apoyo a la investidura ya no funciona como un cheque parlamentario en blanco.
La votación llega después de la comparecencia más complicada de Sánchez en esta legislatura. El presidente defendió este miércoles que “jamás” conoció ni habría tolerado prácticas corruptas, negó financiación irregular en el PSOE y reivindicó las medidas de regeneración aprobadas por el Gobierno. La réplica viró pronto al choque con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de representar “el regreso de la corrupción”. Para la oposición, la explicación quedó corta. Para el PSOE, el pleno confirmó que Sánchez sigue dispuesto a resistir y gobernar.
Menos ruido. Más Gobierno. pic.twitter.com/avGgzivPGa
— PSOE (@PSOE) June 25, 2026
La respuesta socialista ha ido por esa línea. El PSOE publicó ayer tras la moción del Congreso el mensaje “Menos ruido. Más Gobierno” junto a una imagen que reivindica 68 leyes aprobadas en la legislatura. Ferraz intenta oponer gestión a presión parlamentaria, en un momento en el que la derecha busca convertir cada votación en un plebiscito sobre la continuidad del presidente.
Qué es una cuestión de confianza
La cuestión de confianza está prevista en el artículo 112 de la Constitución y solo puede plantearla el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. Sirve para que el Congreso vote si mantiene la confianza en el Ejecutivo sobre su programa o sobre una declaración de política general. Por eso la moción del PP no abre por sí misma ningún procedimiento. Es una petición política, no una orden al presidente.
El trámite, si Sánchez decidiera activarlo, sería claro. El Gobierno tendría que aprobarlo en Consejo de Ministros y remitir un escrito motivado a la Mesa del Congreso. Después se convocaría un pleno, con un debate parecido al de investidura, y la votación no podría celebrarse hasta pasadas 24 horas desde la presentación. Para superarla haría falta mayoría simple, es decir, más síes que noes.
Ahí está la diferencia con una moción de censura. La moción de censura la impulsa la oposición y necesita un candidato alternativo con mayoría absoluta. La cuestión de confianza, en cambio, la decide el presidente y funciona como una pregunta directa a la Cámara sobre su continuidad. Si la gana, sigue. Si la pierde, el Gobierno debe presentar su dimisión al Rey y se abriría una ronda de consultas para intentar una nueva investidura. Las elecciones no serían automáticas, aunque podrían llegar si ningún candidato consigue ser investido.
Si Sánchez decide no plantearla, no pasa nada en términos legales. La Constitución no obliga al presidente a someterse a una cuestión de confianza porque lo pida una mayoría parlamentaria en una moción. Ese es el punto que subraya Moncloa cuando habla de una votación sin efectos jurídicos. El coste está en la lectura política, porque el PP ya puede decir que una mayoría absoluta de la Cámara ha pedido al presidente que mida sus apoyos o se marche.
Junts avisa, pero no entrega el Gobierno al PP
El voto de Junts tiene una doble lectura. Por un lado, golpea a Sánchez en el momento en el que más necesita exhibir control de la legislatura. Por otro, no despeja el camino de Feijóo hacia La Moncloa. Junts ha pedido que Sánchez se aparte y que el PSOE pueda proponer otro candidato para acabar la legislatura, pero no ha mostrado disposición a facilitar una moción de censura que lleve al PP al Gobierno con Vox en la ecuación.
Ese matiz es importante. El bloque que ha votado con el PP existe para castigar a Sánchez, pero no necesariamente para investir a Feijóo. La mayoría de este jueves solo sirve para desgastar al presidente. Por eso el movimiento de Junts es más una advertencia que una ruptura definitiva. Mantiene al Gobierno pendiente de cada negociación y obliga a Moncloa a recalcular cada votación, como ha ocurrido después con las propuestas en torno a transportes o al colectivo lgtbi, que sí han apoyado los independentistas.
Feijóo ha intentado convertir el resultado en un punto de inflexión. El PP sostiene que Sánchez actúa contra la mayoría del Congreso si ignora la moción y deja abierta la vía de una moción de censura, aunque en Génova saben que esa operación exige una aritmética mucho más difícil. Mientras Junts no esté dispuesto a votar una presidencia popular, el PP puede presionar, pero no desalojar al Ejecutivo.
El debate llega además a las puertas del Comité Federal del PSOE, convocado para este sábado. La dirección socialista quiere cerrar filas con Sánchez, pero el ruido interno también existe. El colectivo crítico Reactiva ha pedido elecciones antes de final de año, una gestora y un Congreso extraordinario. No tiene fuerza orgánica para mover por sí solo el suelo de Ferraz, aunque añade otra señal de malestar en una semana marcada por la corrupción, los reproches de los socios y la ofensiva parlamentaria de la derecha.
La cuestión de confianza, por tanto, no tumba al Gobierno ni fuerza a Sánchez a comparecer de nuevo ante la Cámara. Ahora el PP tiene una votación para alimentar su presión, Junts marca distancia sin romper del todo y el PSOE intenta responder con gestión, leyes y disciplina interna. La legislatura sigue en pie, pero cada vez depende más de una mayoría que no queda clara.
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