El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado el respaldo de la Justicia en su pulso con Airbnb después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado suspender cautelarmente la multa de 64 millones de euros impuesta a la plataforma. La decisión obliga a la compañía a afrontar el pago de la sanción mientras continúa el procedimiento judicial, aunque todavía puede presentar un recurso de reposición.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy sancionó a Airbnb por la publicación de decenas de miles de anuncios de alojamientos turísticos que, según concluyó la investigación, incumplían la normativa vigente. Consumo detectó irregularidades en 65.122 anuncios, retirados en julio de 2025, al considerar que la empresa incurrió en “prácticas comerciales desleales” al permitir la difusión de viviendas sin la correspondiente licencia o sin identificar adecuadamente su número de registro.
Además, el Ministerio apreció que parte de los anuncios incluían licencias que no se correspondían con los registros oficiales o que ofrecían información engañosa sobre los anfitriones. En este sentido, subrayó que no quedaba claro si los ofertantes actuaban como particulares o como profesionales, un aspecto clave para los derechos del consumidor, lo que podría constituir publicidad engañosa.
La mayor parte de la sanción, 63,98 millones de euros, fue calificada como infracción grave y se fijó en función del beneficio “ilícito” obtenido por la plataforma, equivalente a seis veces las ganancias derivadas de esas prácticas desde el apercibimiento de Consumo hasta la retirada de los anuncios. A esta cantidad se suman otras multas menores: 10.000 euros por incumplimientos en contratos a distancia, otros 10.000 por obstrucción a la labor inspectora y 55.000 euros adicionales por incumplir órdenes dictadas durante la tramitación del expediente.
Airbnb recurrió la sanción en los tribunales, lo que inicialmente suspendió su ejecución. Sin embargo, el auto del TSJM conocido ahora rechaza mantener esa suspensión, lo que refuerza provisionalmente la actuación de Consumo y obliga a la empresa a asumir ya el impacto económico de la multa.
