El intento de la defensa del agitador ultra Vito Quiles de presentar la actuación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid como una negativa a aceptar la comparecencia voluntaria de su cliente ha encontrado respuesta en el propio órgano judicial. Después de que el letrado asegurara que acudió al juzgado "con toda la buena fe" y que allí le trasladaron que "si viene se va a ir detenido", fuentes judiciales rechazaron esa versión y sostienen que en ningún momento se impidió la puesta a disposición voluntaria del investigado.
Según esa versión, el abogado Juango Ospina fue informado de que la magistrada se encontraba de guardia atendiendo otras diligencias y de que una declaración judicial no podía organizarse de forma inmediata a petición de una de las partes, ya que era necesario respetar los trámites procesales y comunicar la actuación al resto de intervinientes, en este caso al funcionario que presentó la querella por injurias y calumnias.
Desde el órgano instructor explican que se indicó al letrado que acudiera a una comisaría para comunicar la voluntad de Quiles de ponerse a disposición de la Justicia, además de facilitar un domicilio y un teléfono para su localización. Ese era, según las mismas fuentes, el cauce previsto para continuar con el procedimiento.
La investigación que originó la orden de detención
La orden de localización dictada contra el agitador ultra Vito Quiles tiene su origen en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por un presunto delito contra el honor. La investigación parte de la querella presentada por un funcionario de la Administración General del Estado, quien denunció haber sido objeto de una campaña de desinformación tras varias publicaciones difundidas por Quiles en redes sociales.
Según la querella, el investigado aseguró en plataformas como Telegram y TikTok que el trabajador público había ingresado en prisión por un delito grave, que posteriormente había recuperado la libertad gracias a la intervención de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que después había sido incorporado como asesor en el Ministerio de Trabajo. El denunciante sostiene que esas afirmaciones eran falsas y que, además, la difusión de su identidad y de una fotografía personal provocó una oleada de insultos, amenazas y mensajes vejatorios en redes sociales.
La magistrada Rosa María Freire citó a Quiles en dos ocasiones para que declarara como investigado, los días 9 y 25 de junio, sin que acudiera a ninguna de las convocatorias. Ante esas incomparecencias, el juzgado acordó dictar una orden de búsqueda y puesta a disposición judicial con el objetivo de tomarle declaración dentro del procedimiento. La resolución prevé que, una vez comparezca ante la autoridad judicial, quede en libertad.
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