La orden de busca y captura contra el agitador ultra Vito Quiles ya tiene una explicación concreta. La magistrada Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ordenó su localización después de que desatendiera hasta dos citaciones judiciales en una investigación abierta por la difusión de un bulo contra un funcionario de la Administración General del Estado. El procedimiento no nace de sus enfrentamientos con dirigentes políticos ni de las escenas protagonizadas en el Congreso, sino de una querella por un presunto delito contra el honor presentada por el trabajador al que señaló públicamente con una historia completamente falsa.
La investigación sostiene que el ultra Quiles difundió en Telegram y TikTok que ese empleado público había ingresado en prisión por un delito grave, que había recuperado la libertad gracias a la intervención directa de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que posteriormente había sido colocado como asesor en el Ministerio de Trabajo. La querella sostiene que ninguna de esas afirmaciones era cierta. El funcionario, que lleva más de cuatro décadas trabajando para la Administración bajo gobiernos del PP y del PSOE, mantiene que su trayectoria profesional quedó gravemente dañada después de que Quiles publicara además su nombre completo y una fotografía, lo que desencadenó una oleada de insultos, amenazas y mensajes vejatorios en redes sociales.
No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin. pic.twitter.com/Jzmkw8Godp
— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026
El procedimiento judicial avanzó durante semanas sin que Quiles compareciera. Fue citado para declarar como investigado el 9 de junio y de nuevo el 25 de junio, pero no acudió a ninguna de las dos convocatorias. Tras esas incomparecencias, la magistrada concluyó que el investigado se estaba sustrayendo a la acción de la Justicia y acordó su busca y captura con el único objetivo de ponerlo a disposición judicial para tomarle declaración. Una vez comparezca, aunque él ya adelante "no me voy a entregar", el auto prevé su puesta en libertad.
Del relato de la persecución política al origen real de la orden judicial
Mientras la Policía intentaba localizarlo este miércoles en la sede de EDA TV, el 'pseudomedio' dirigido por el ultra Javier Negre donde desarrolla buena parte de su actividad, Quiles optó por construir un relato completamente distinto en sus redes sociales. Afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez había emprendido una "cacería" contra él por preguntar meses atrás a Begoña Gómez y presentó la orden judicial como una persecución política. Horas después dio un paso más y con tono desafiante y soberbio anunció que no piensa entregarse "al Gobierno de Sánchez", llegando incluso a asegurar que el presidente argentino Javier Milei le habría ofrecido refugio en la Embajada de Argentina si la situación se agravaba.
Sin embargo, la causa judicial conocida este jueves sitúa el foco en un asunto completamente distinto. La investigación gira alrededor de la difusión de un presunto bulo sobre un trabajador público, de la publicación de sus datos personales y de las consecuencias que esa exposición habría tenido sobre su vida profesional y privada. La defensa de Quiles sostiene que la orden de detención resulta desproporcionada.
Siete frentes judiciales y un historial creciente de conflictos
Esta nueva causa se incorpora a una lista cada vez más amplia de procedimientos abiertos contra el llamado 'pseudoperiosita' Quiles. Continúa investigado por la difusión de la dirección y fotografías del domicilio de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, tras el apagón eléctrico de 2025; afronta otra causa por presuntas injurias y calumnias contra el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez; permanece encausado por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad intelectual, procedimiento en el que la Fiscalía solicita dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el "periodismo"; y también está siendo investigado tras la denuncia presentada por Renfe por un presunto fraude relacionado con el uso de billetes ferroviarios.
A esos procedimientos se suma la retirada durante tres meses de su acreditación en el Congreso de los Diputados, después de grabar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona donde las cámaras estaban prohibidas y de acumular diversos incidentes con diputados y periodistas reales acreditados. Las denuncias promovidas por Begoña Gómez y por la analista política Sarah Santaolalla acabaron archivadas, pero el resto de investigaciones siguen su curso en distintos juzgados.
El siguiente movimiento ya no depende de las declaraciones públicas del propio Quiles ni de los mensajes que publique en redes sociales. La orden de busca y captura continuará vigente hasta que comparezca ante la jueza que instruye la causa y responda por el procedimiento que hoy ha dejado de ser una incógnita.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
