El agitador ultra Vito Quiles ha quedado en busca y captura después de no atender varias citaciones judiciales, según han publicado este miércoles distintos medios. La orden llega en mitad de una cadena de procedimientos abiertos, sanciones parlamentarias y polémicas que han situado al colaborador de la extrema derecha en el foco político y judicial durante los últimos meses.
Quiles ha reaccionado en X con su fórmula habitual. Ha presentado la decisión de un juez como una "maniobra política del Gobierno" y ha cargado directamente contra el entorno de Pedro Sánchez. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez”, ha escrito. Después ha acusado al Ejecutivo de utilizar la justicia “para perseguir a sus rivales sin motivo” y ha cerrado el mensaje con un desafiante e irónico “Ni un paso atrás”.
Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez.
— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026
El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción.
Ni un paso atrás.
El mensaje encaja con el guion que Quiles ha repetido cada vez que una polémica institucional o judicial ha terminado cercándole. Convierte una orden dictada por un órgano judicial en un relato de persecución política, se presenta como víctima de Moncloa y evita entrar en el motivo que ha activado la medida: las citaciones judiciales a las que no habría comparecido.
Un historial de choques y causas abiertas
La orden de busca y captura no aparece en el vacío. Quiles acumula procedimientos por distintos episodios relacionados con su actividad pública, entre ellos causas por presunta desobediencia, grabaciones no autorizadas y conflictos con cargos políticos, periodistas y representantes institucionales.
Uno de los casos más conocidos fue la retirada temporal de su acreditación en el Congreso de los Diputados. La Cámara le suspendió durante tres meses el acceso como "periodista" por incumplir las normas internas y grabar en zonas no autorizadas. Después, la ultraderecha Vox intentó introducirlo como invitado en una jornada sobre libertad de expresión, pero la Presidencia del Congreso también frenó ese acceso.
A ese frente se sumó la causa abierta tras la difusión en redes de datos del domicilio privado de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y exministra socialista. Quiles declaró ante la jueza y se amparó en la libertad de expresión y en el supuesto interés informativo de sus publicaciones. Corredor acudió a los tribunales al considerar que esos mensajes afectaban a su intimidad y podían alentar hostigamiento contra su vivienda.
También arrastra el procedimiento promovido por Rubén Sánchez, secretario general de Facua, cuya acusación particular le pide nueve años de prisión por presuntos delitos de calumnias e injurias con agravante de odio ideológico. En ese caso, la causa se centra en mensajes difundidos por Quiles contra Sánchez a través de redes sociales y del canal en el que trabajaba.
La defensa dice que no tiene constancia
El abogado del agitador ultra, Juan Gonzalo Ospina, ha asegurado que "no tenía constancia de la orden" y ha defendido que su cliente está personado en varios juzgados con abogado y procurador. Desde su entorno han deslizado que podría tratarse de un "intento de amedrentarlo", una versión que Quiles ha elevado inmediatamente al terreno político con su acusación contra el Gobierno.
Hasta ahora no se ha aclarado públicamente a qué procedimiento concreto corresponde la orden. Lo que sí ha trascendido es que la Policía habría intentado localizarle en su domicilio sin encontrarlo, dentro de las diligencias vinculadas a los requerimientos judiciales pendientes.
La denuncia de Begoña Gómez contra Quiles por un incidente en un establecimiento fue archivada, pero ese episodio también forma parte del contexto que el propio agitador ha utilizado para presentarse como objetivo de una persecución. En su reacción de este miércoles vuelve a situar aquel encuentro como origen de la supuesta “campaña” contra él.
El caso vuelve a colocar a Quiles en el centro de una escena que conoce bien: provocación, expediente, reacción victimista y altavoz político de la ultraderecha. Esta vez, sin embargo, el paso no lo da una institución parlamentaria ni un adversario político, sino un juzgado que reclama su comparecencia.
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