En plena cuenta atrás para sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo, Koldo García ha registrado un incidente de nulidad ante la Sala que lo debe juzgar en lo que constituye su último intento de detener el juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas y lograr que el procedimiento se remita a la Audiencia Nacional, lo que supondría una importante demora de la causa.
Mediante este incidente de nulidad, la defensa del asesor del exministro José Luis Ábalos solicita que se deje sin efecto de forma "radical" el auto de la Sala de lo Penal que desestimó sus argumentos y los del propio Ábalos en la vista preliminar celebrada en febrero, previa al juicio señalado para el próximo 7 de abril en el Supremo y que se prolongará hasta finales de mes.
"Y en consecuencia se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicha resolución", reclama la defensa, al entender que "se han violado sus derechos constitucionales fundamentales". La letrada Leticia de la Hoz invoca, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a utilizar los medios de prueba pertinentes.
La representación de Koldo reprocha al Supremo "ignorar el devenir material de la causa en favor del rigorismo de los plazos" al desoír su alegato sobre la "pérdida sobrevenida de competencia" del alto tribunal para enjuiciar los hechos tras la renuncia de Ábalos a su escaño a finales de enero y la consiguiente desaparición de su aforamiento.
A juicio de la defensa, "la solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley".
En el escrito también se cuestiona que fuese rechazada su solicitud de apartar al magistrado Julián Sánchez Melgar, al haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP, tratándose de un "procedimiento con una fortísima carga política", en el que se investiga a un exministro y a su asesor de un partido concreto (PSOE)".
