El Tribunal Supremo ha decidido no abrir diligencias contra el eurodiputado y agitador ultra Alvise Pérez por haber relacionado al diputado socialista Javier Alfonso Cendón con el conocido como caso Mediador, la supuesta red de corrupción que habría encabezado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, apodado 'Tito Berni'.
En un auto difundido este jueves, la Sala de lo Penal concluye que no existen indicios de responsabilidad penal por parte de Alvise, aforado ante el alto tribunal por su condición de eurodiputado. El procedimiento llegó al Supremo remitido por un juzgado de Castilla y León, tras la denuncia presentada por Cendón contra el agitador.
La denuncia se interpuso después de que el líder de Se Acabó la Fiesta difundiera en su canal de Telegram un mensaje en el que “indirectamente se le vincula con el 'caso Mediador'”. En dicho texto, Pérez escribía: “Tercera identidad: Javier Alfonso Cendón, Secretario General del PSOE en León, Diputado Nacional y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso. Que divertido va a ser ir uno por uno”.
El Supremo admite que el contenido de ese mensaje “puede ser considerado una fuente de afectación del buen nombre del denunciante y, en su caso, de responsabilidad, pero no penal”.
La Sala razona que “la fórmula empleada es demasiado abierta y no precisa qué concreto comportamiento ilícito o reprochable se atribuye a Cendón, lo que impide formular un juicio de tipicidad que, aun provisorio, pueda resultar suficientemente consistente para decidir la apertura del proceso y, además, reclamar de la Cámara Europea autorización para someter al mismo al denunciado”.
Cuatro procedimientos aún abiertos
Este jueves también se ha sabido que el Supremo ha rechazado igualmente incoar causa contra Alvise por la difusión de conversaciones privadas intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la “operación Kitchen”.
De acuerdo con la misma Sala de lo Penal, la publicación de chats obtenidos en una investigación judicial y posteriormente expurgados podría motivar una pesquisa sobre el origen de la filtración y sus responsables, “pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante” para abrir un procedimiento penal.
En paralelo, el Supremo mantiene abiertas contra Alvise cuatro causas distintas: por un supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su lista electoral; por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto hostigamiento en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la presunta financiación ilegal de SALF, vinculada a los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain'.
