El bote de gas pimienta que Ana Belén Vázquez llevó al hemiciclo para denunciar la situación en Ceuta puede acabar costándole una suspensión temporal como diputada. Los letrados del Congreso consideran que existen motivos suficientes para abrirle un expediente sancionador y dejan ahora la decisión en manos de la Mesa de la Cámara, que abordará el asunto este martes.
El informe jurídico desmonta el principal argumento con el que la parlamentaria del Partido Popular cuestionó su expulsión. "Esto no es un arma, solo tiene 30 mililitros y además está vacío", sostuvo Vázquez después de abandonar el Pleno. Los servicios jurídicos concluyen que el aerosol debe considerarse un arma a efectos del Reglamento del Congreso y recuerdan que la norma castiga el mero hecho de portarla dentro del recinto, al margen de que llegue a utilizarse o se exhiba como amenaza.
El artículo 101 permite al Pleno acordar la suspensión temporal de un diputado por razones de disciplina parlamentaria cuando porte armas en las dependencias de la Cámara. Los letrados señalan que no existen precedentes de un caso semejante durante la actual etapa constitucional, por lo que cualquier sanción deberá estar motivada y respetar el principio de proporcionalidad.
Si la Mesa abre el expediente, Vázquez dispondrá de un plazo para presentar alegaciones. Una eventual propuesta de suspensión tendrá que ser votada posteriormente por el Pleno en una sesión secreta, durante la que únicamente podrán intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios. La diputada afectada quedaría fuera de esa votación y la medida podría tener también consecuencias económicas durante el tiempo que permaneciera suspendida.
Una veintena de afectados y tres denuncias
El episodio comenzó el pasado miércoles, durante una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta. Vázquez mostró el bote desde su escaño y lo presentó como el "material escolar básico" que, según afirmó, llevaban mujeres y menores para protegerse. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, la llamó al orden, le exigió abandonar el hemiciclo y le ordenó depositar el recipiente ante la Policía.
La polémica creció minutos después. Un trabajador del Grupo Popular reconoció que la diputada le había pedido "lavar" el espray. Al manipularlo en unos baños del Congreso, el aerosol todavía expulsó parte de su contenido y el gas terminó extendiéndose por varios aseos, un pasillo, una cocina y una cafetería. Una veintena de personas resultaron afectadas, doce necesitaron asistencia médica, se produjo una baja laboral y existen tres denuncias en curso.
La empresa encargada del comedor ha cifrado en unos 800 euros las pérdidas por los alimentos contaminados que tuvieron que desecharse. El PP respaldó inicialmente el objetivo político de Vázquez y defendió que pretendía visibilizar la inseguridad denunciada en Ceuta, aunque su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, terminó reconociendo que la manipulación del recipiente estuvo "mal". Este martes, la Mesa decidirá si aquel bote que la diputada presentó como vacío da paso al primer expediente de estas características en la historia reciente del Congreso.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
