A partir de este viernes, cometer pequeños hurtos de forma reiterada puede salir mucho más caro: incluso con penas de prisión. La Ley Orgánica 1/2026 entra en vigor de forma inmediata y marca un antes y un después en la respuesta penal frente a la multirreincidencia, un fenómeno que, según el legislador, afecta directamente a la seguridad ciudadana y al comercio local.
Uno de los cambios más visibles afecta al robo de teléfonos móviles, que pasa a contar con un tipo agravado propio. La ley reconoce que sustraer un móvil no es solo perder un objeto, sino también datos personales, acceso a cuentas y privacidad. Por ello, la pena deja de ser una simple multa y puede alcanzar entre seis y dieciocho meses de prisión, salvo en el caso de dispositivos expuestos en tiendas.
El eje central de la reforma está en los reincidentes. Quien cometa un hurto inferior a 400 euros pero acumule tres condenas previas por delitos similares, al menos una de ellas leve, dejará de enfrentarse a una multa y pasará directamente a penas de prisión. El salto es contundente: de sanciones de semanas a condenas que pueden llegar al año y medio.
Este mismo esquema se aplica a la estafa leve. Aunque el importe sea reducido, la reiteración convierte el delito en más grave, con penas de entre seis meses y tres años de cárcel. La norma busca así frenar prácticas repetidas que, pese a su bajo valor individual, generan un impacto acumulado significativo.
El campo también gana protección con esta reforma. Los hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas serán más fáciles de castigar como agravados, ya que bastará con que el valor de lo sustraído supere los 400 euros. El objetivo es proteger a un sector especialmente vulnerable, donde las pérdidas van mucho más allá del valor de mercado de los bienes robados.
Otra novedad relevante es el endurecimiento del llamado "petaqueo". El uso de combustible como sustancia inflamable pasa a castigarse con penas de entre tres y cinco años de prisión, reflejando el riesgo que estas conductas suponen para la seguridad pública.
Además de endurecer penas, la ley refuerza la capacidad de actuación de las instituciones. Los ayuntamientos podrán ejercer la acción penal en delitos de hurto, y los jueces tendrán más margen para imponer medidas cautelares desde el inicio del proceso, como prohibiciones de acceso a determinadas zonas para evitar la reiteración delictiva.
