Tras más de un año paralizada, la proposición de ley que permitirá a los saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1977 y a sus descendientes acceder a la nacionalidad española ha recuperado el pulso. Este martes, la comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen de la norma, impulsada por Sumar, con el respaldo del PSOE, ERC y EH Bildu, y con el rechazo de PP y Vox.
El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha calificado el avance de "trascendental" y ha apuntado que la intención es habilitar julio como periodo extraordinario para que la comisión pueda votar la proposición de ley "a la mayor brevedad posible" antes de llevarla al pleno.
El texto ha incorporado siete enmiendas transaccionales que han logrado un amplio consenso entre los partidos que apoyan la iniciativa. Entre los cambios más relevantes destaca la ampliación del plazo para solicitar la nacionalidad, que inicialmente fijaba como fecha de corte 1976, pero finalmente se ha establecido el 11 de agosto de 1977. Esto luego de que un decreto de agosto de 1976 reconociera a los saharauis que cumplieran ciertos requisitos el derecho a optar por la nacionalidad española en el plazo de un año, hasta esa fecha. Como España ya había abandonado el territorio cuando venció ese plazo, fue materialmente imposible ejercerlo.
El giro más llamativo del proceso ha sido el del PSOE. Los socialistas votaron en contra de la toma en consideración de la iniciativa en febrero de 2025, pero han terminado suscribiendo varias de las enmiendas transaccionales y respaldando el dictamen. Artemi Rallo, portavoz socialista en la comisión Constitucional y ponente de la ley, ha calificado este martes de "día histórico después de 50 años", en lo que considera "un acto de reparación y de justicia con la causa saharaui".
PP y Vox, fuera del acuerdo
La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha reconocido que el rechazo del PP ha sorprendido al resto de grupos. "Ha sido el primero que ha apoyado todas las iniciativas del pueblo saharaui en esta cámara", ha señalado, y ha acusado al partido de estar "secuestrado por Vox".
La norma podría beneficiar a unas 50.000 personas, aunque no todas solicitarán la nacionalidad ni todas podrán acreditar los requisitos exigidos. Entre la documentación válida figura el DNI español, aunque no esté en vigor, el recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara expedido por la ONU, el certificado de nacimiento, el libro de familia y certificados de escolarización, hospitalización o pensiones de jubilación.
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