Miles de personas marchan por la vivienda y salarios dignos en Madrid, Barcelona y València, y el Sindicato de Inquilinas reivindica el "éxito rotundo" de la huelga general del 11N

"Madrid será la tumba del rentismo". Con ese grito ha arrancado la manifestación de la huelga general del 11N en la capital. Miles de personas han ocupado el paseo del Prado bajo la lluvia desde antes de que la cabecera se pusiera en marcha en Neptuno. La protesta ya ha pasado de Cibeles a la Gran Vía con pancartas por la vivienda, los salarios, los servicios públicos y las pensiones, en un recorrido que culmina en la Plaza de España. A esa hora, las marchas de Barcelona y València ya recorrían también el centro de ambas ciudades.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha recordado antes de la marcha a Maricarmen Abascal, desahuciada hace siete semanas, a los 87 años, de la casa en la que llevaba siete décadas de alquiler. Su desalojo dio paso a la acampada de Sol y reunió a los sindicatos de vivienda y a las centrales obreras en torno a la convocatoria del 11N. "Hoy paramos, pero mañana seguimos con esta lucha", ha dicho Racu, que ha calificado el paro de "éxito rotundo".

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Racu ha exigido bajar los alquileres, establecer contratos indefinidos y recuperar viviendas en manos de fondos y bancos. "Tenemos que blindar nuestros derechos sindicales en vivienda", ha defendido ante los medios. La portavoz ha acusado a "todos los gobiernos", de cualquier signo político, de haber protegido el rentismo y ha criticado a quienes intentan aprovechar la protesta para su campaña electoral.

Por la mañana, la también portavoz Alicia del Río había situado el 11N como el inicio de un "nuevo ciclo de luchas" y había defendido una reforma constitucional que dé prioridad a la función social de la vivienda. El programa de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas plantea además reconocer la negociación colectiva y la huelga de alquileres.

Barcelona y València se movilizan contra la especulación

En Barcelona, la marcha, con más de 55.000 personas según la Guardia Urbana, ha salido de los Jardinets de Gràcia y ha llenado el paseo entre Diputació y la Diagonal, con carteles por una vivienda digna y una vida asequible. Otra manifestación ha recorrido el paseo de Sant Joan. El Sindicat de Llogateres y los colectivos que han impulsado la marcha unitaria reclaman vincular el índice de referencia de los alquileres a los salarios y prohibir los desahucios de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional.También se han movilizado Girona y Lleida, donde las marchas han arrancado a la misma hora que en Barcelona. 

Desde allí, Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha denunciado que el coste de la vivienda está empobreciendo a la clase trabajadora. Ha reclamado "prohibir la especulación", subir los salarios y las pensiones y financiar un parque público de vivienda con un impuesto a la riqueza. La Confederación concreta esa propuesta en su programa con el objetivo de alcanzar un millón de viviendas públicas en alquiler.

En València, miles de personas han salido pasadas las seis de la calle de Xàtiva, junto a la plaza de toros, y han avanzado por Colón, con buena parte de los comercios cerrados. La marcha tiene como destino la plaza del Ayuntamiento, donde al mediodía ya habían confluido sindicatos y colectivos de vivienda al grito de "Gent sense casa i casa sense gent", gente sin casa y casas sin gente.

CCOO ha situado en torno al 60% el seguimiento del paro en la Comunitat Valenciana en su balance de mitad de jornada y UGT ha destacado que ha superado el 70% en empresas industriales con representación sindical.

Las protestas se extienden de Bilbao a Palma y el temporal obliga a suspender marchas

Bilbao ha acogido marchas separadas de CCOO y UGT y de ELA y LAB. ELA ha cifrado en 70.000 los asistentes a su movilización en la capital vizcaína y ha destacado las protestas de Donostia, Vitoria y Pamplona. En Vigo, miles de personas han marchado bajo la lluvia en la convocatoria de CCOO y UGT, con la vivienda en el centro de las consignas, y la CIG ha celebrado su propia manifestación. También ha habido marchas en A Coruña y una protesta de docentes y estudiantes en Palma, donde el acceso a la vivienda se ha sumado a las reivindicaciones de la enseñanza.

La borrasca Charles ha obligado a CCOO y UGT a suspender las manifestaciones de Sevilla y Huelva. En Córdoba, los sindicatos han aplazado la marcha al domingo 15 de noviembre, al igual que el Sindicato de Inquilinas en Cádiz. En Sevilla, alrededor de medio centenar de personas han iniciado el recorrido pese al aviso naranja, con pancartas contra los apartamentos turísticos. Las convocatorias de Almería, Granada, Jaén y Málaga se han mantenido.

Los sindicatos celebran el paro y anuncian acciones por las cargas policiales

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha estimado en cuatro millones de trabajadores el seguimiento del paro en su primer balance de la mañana. CCOO y UGT han destacado la participación en la industria y los puertos en la primera huelga general de 24 horas que convocan juntos desde 2012. A media tarde, CEOE y Cepyme han situado el seguimiento medio por debajo del 5% a partir de los datos de sus organizaciones y empresas asociadas. Según las patronales, a las 17.00 la demanda eléctrica estaba un 4,7% por debajo de la previsión de Red Eléctrica y un 2,5% por debajo de la registrada el martes a esa hora.

CCOO y UGT han anunciado acciones judiciales por las cargas policiales contra los piquetes. Los sindicatos han denunciado el uso de gas pimienta en Mercamadrid y la actuación policial en las cocheras del Metro de Granada. El balance del 11N ha subido a al menos 52 detenidos y cerca de 1.500 incidencias policiales, según las últimas cifras que hemos podido conocer en 'ElConstitucional.es', pendientes aún si se producen nuevas cargas y detenciones tras las manifestaciones pacíficas esta noche.

Este jueves, un día después de la huelga, la Diputación Permanente del Congreso votará dos decretos de vivienda. Uno prevé prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y mantener hasta finales de 2030, bajo ciertas condiciones, la protección frente a desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El otro contempla compensaciones para inquilinos en determinados supuestos en los que el propietario pone fin al contrato.