El Tribunal Supremo ha concedido un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que remitan la lista de las 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo el paraguas de la denominada “ley de nietos”, según recogen dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los magistrados advierten de que, si el requerimiento no se atiende en ese plazo, podrán ser apercibidos, en una resolución que abre la puerta a la imposición de medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la orden judicial.
Multa coercitiva de 1.000 euros
En concreto, el auto señala la posibilidad de imponer una multa coercitiva de 1.000 euros a los “precitados señores ministros que incumplan este requerimiento”, una sanción que, según la propia resolución, podrá reiterarse “hasta la completa ejecución del fallo judicial”, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse.
Los magistrados añaden, además, que pueden “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, una advertencia que eleva el nivel de exigencia del Supremo ante el eventual incumplimiento de la orden.
La documentación reclamada a Justicia y Exteriores
La petición judicial afecta de forma directa a dos departamentos del Gobierno, el Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, y el Ministerio de Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, a quienes el tribunal reclama la remisión de un listado concreto vinculado a la tramitación de estas nacionalidades.
Las declaraciones de Óscar López
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha precisado este viernes que el Gobierno pondrá todos los recursos necesarios para cumplir con la decisión del Tribunal Supremo de suspender temporalmente el voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' que no acrediten ser descendientes de exiliados, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo también trabajará para garantizar el derecho a voto de los nacionalizados españoles.
Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, López ha sido preguntado por la confusión que existe en los consulados sobre cómo aplicar la orden del alto tribunal y diferenciar a quienes han accedido a la nacionalidad por una vía u otra. Sobre si está en peligro el derecho al voto de los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el ministro ha insistido en que el Gobierno actuará para respetar la resolución judicial y, al mismo tiempo, proteger el sufragio de los afectados.
“El Gobierno hará todo lo posible”
Óscar López ha subrayado que el Ejecutivo aún está pendiente de la resolución judicial del Tribunal Supremo, dado que este jueves vence el plazo para que los afectados presenten alegaciones contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'.
En este contexto, el ministro ha remarcado: “El Gobierno hará todo lo posible para garantizar el derecho al voto y para cumplir con las resoluciones judiciales”.
Críticas a Vox y al Partido Popular
En la misma entrevista, Óscar López ha señalado a Vox como responsable de haber provocado “este follón” con su denuncia contra una norma que permite nacionalizar a descendientes de exiliados de la guerra civil española. Según ha dicho, la formación de Santiago Abascal ha generado también “un follón colosal” en la Justicia.
El dirigente socialista ha cargado además contra el Partido Popular, al que acusa de haberse “subido al carro” de Vox. En ese sentido, ha recordado que en el pasado Alberto Núñez Feijóo fue, a su juicio, “el primero que reivindicaba todo el rato el voto extranjero”.
Según López, hay que “facilitar” que vote “cuanta más gente, mejor”, y ha cuestionado la actitud del PP hacia los ciudadanos recién naturalizados que residen fuera de España, al que acusa de querer “sembrar dudas para evitar el voto”. Además, ha defendido que la función de un partido político es impulsar la participación y ha criticado las dudas lanzadas sobre mecanismos como el voto por correo.
