El abogado de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes un escrito en contra de la nulidad de actuaciones defendida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En el escrito remitido al Tribunal Supremo, la pareja de la presidenta madrileña se opone a la nulidad de la condena al exfiscal general por un delito de revelación de datos reservados, y rechaza que se hayan vulnerado los derechos de García Ortiz a la libertad de expresión, al principio acusatorio, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías.
"Deber de reserva"
El abogado de González Amador considera que solicitar la nulidad de la sentencia supone admitir que "el deber de reserva (garantía de integridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal" permite "modulaciones o injerencias en base a otro derecho inexistente: la posibilidad de airear a la opinión pública (libertad de expresión institucional) parte o todo aquello de lo que tengan conocimiento los fiscales por el ejercicio de sus funciones, lesionando derechos fundamentales de los sometidos a su actividad jurisdiccional".
"Sería Impropio de cualquier Estado de Derecho que el Ministerio Fiscal viera relevado su deber de reserva y confidencialidad en un asunto en el que estuviera interviniendo cuando tuviera entre manos un asunto de relevancia pública, paradójico resulta también leer por primera vez en el procedimiento la invocación al derecho a la libertad de expresión a título individual de D. Álvaro García Ortiz como título habilitante (eximente) para protagonizar, sin condena, los hechos probados, y como lesionado, por lo mismo, por la sentencia", afirma la defensa del novio de Ayuso
Justo este viernes se ha conocido que el exfiscal general ha abonado ya los 17.200 euros de la multa impuesta por el Alto Tribunal gracias a una campaña de crowdfunding puesta en marcha por la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
