El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han logrado encauzar la crisis interna en el Ejecutivo con un principio de acuerdo sobre el denominado escudo social para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. La negociación, llevada al más alto nivel entre ambos líderes, ha permitido desbloquear una situación que había tensionado al máximo la coalición.
El desacuerdo se centraba principalmente en la inclusión de la prórroga de la moratoria de alquileres dentro del decreto de medidas urgentes. Mientras el ala socialista del Gobierno apostaba por limitar el paquete a medidas energéticas, Sumar defendía mantener las protecciones sociales, especialmente para los inquilinos vulnerables. Esta discrepancia llegó a provocar el retraso del Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar el plan.
Según ha adelantado el programa Mañaneros 360, las conversaciones entre Sánchez y Díaz han dado lugar a un principio de acuerdo que permitiría integrar tanto el paquete energético como parte del escudo social. Este avance allanaría el camino para la aprobación del decreto, que incluye medidas como la rebaja del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas, así como la reducción de otros impuestos energéticos.
Fuentes del Ejecutivo apuntan a que este acercamiento de posturas se ha basado en “equilibrar la respuesta económica con la protección social”, en un contexto marcado por el impacto de la crisis internacional. Desde Sumar habían insistido en que “no se puede dar la espalda a las familias” en un momento de fuerte presión sobre el coste de vida, mientras que el PSOE subrayaba la necesidad de actuar con rapidez sobre el precio de la energía.
El principio de acuerdo no solo permite salvar el decreto, sino también rebajar la tensión en el seno del Gobierno en la que ya se considera la mayor crisis de la legislatura. A falta de concretar los últimos detalles, el pacto refuerza la vía del entendimiento entre ambos socios y abre la puerta a que el paquete pueda ser aprobado y posteriormente convalidado en el Congreso el próximo 26 de marzo.
