El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, ha puesto en cuestión en el Senado la liberación de los 34 millones de euros que quedaban por desembolsar del rescate a Plus Ultra en 2021 y que seguían bloqueados, subrayando que las modificaciones en los criterios contables pudieron resultar determinantes para que la aerolínea acreditara el cumplimiento de las condiciones exigidas para optar a las ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sus manifestaciones se han producido durante su intervención ante la comisión de investigación del Senado que analiza las supuestas irregularidades en la gestión de la SEPI en el rescate de Plus Ultra.
En el turno de preguntas de los senadores, Martín Molina ha expresado dudas sobre determinadas actuaciones judiciales realizadas en el marco de la causa y ha mostrado su “sorpresa” porque una de las vistas en las que intervino como perito no quedara registrada.
“Por mi experiencia como perito forense en todos los juzgados de España, no ha dejado nunca de grabarse una intervención de un perito”, ha indicado, remarcando que le llamó especialmente la atención que no se grabaran “las dos horas de interrogatorio de la pericial”.
Ha relatado que, tras esa primera vista sin grabación, se celebró una segunda comparecencia en la que, a su entender, las partes ya conocían su informe y su declaración anterior, lo que, según ha señalado, condicionó el desarrollo posterior del interrogatorio.
El perito también ha destacado que le resultó llamativo que, durante las vacaciones de la juzgadora titular, fuera el magistrado sustituto quien autorizara el levantamiento del bloqueo sobre los 34 millones restantes del rescate público a Plus Ultra -que ascendió en total a 53 millones de euros-, fondos que estaban inmovilizados de forma cautelar y que se terminaron abonando el 30 de julio de 2021. “Entonces, bueno, son casualidades de la vida, como en su momento decía”, ha comentado con ironía.
En este mismo marco, ha aludido a la actuación de la fiscal María Luisa Llop, recordando que en un primer momento se alineó con la jueza para frenar el pago de esos 34 millones, si bien el rescate acabó desbloqueándose cuando intervino el magistrado sustituto.
Sus palabras llegan después de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, haya incoado un expediente gubernativo a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, al aparecer sus nombres en conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación sobre el caso Plus Ultra.
Las cuentas, en cuestión
Durante su exposición, Martín Molina ha explicado que el objetivo de su informe pericial consistía en verificar si Plus Ultra reunía las condiciones fijadas por la normativa europea para acceder al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas.
En esa línea, ha sostenido que una de las conclusiones centrales de su dictamen era que la compañía aérea “estaba en crisis” a 31 de diciembre de 2019 y que, sin respaldo público, podía llegar a una situación de “insolvencia actual”.
Ha precisado que el informe contempló diversos escenarios contables relacionados con préstamos participativos, provisiones y determinadas operaciones financieras que modificaban “sustancialmente” el resultado final de las cuentas.
Según ha detallado, en función de la interpretación dada a ciertos elementos contables, Plus Ultra podía cumplir o no los requisitos fijados por el reglamento europeo.
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