Felipe González ha vuelto a anunciar que no votará al PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre. El expresidente del Gobierno ha reafirmado este jueves en Málaga su intención de votar en blanco, ha considerado "inevitable" un acuerdo entre el PP y la ultraderecha Vox si reúnen los apoyos para gobernar y ha dirigido nuevas críticas contra Pedro Sánchez por los decretos de vivienda y la falta de nuevos presupuestos.
"No oigo nada que me represente de verdad", ha afirmado durante el encuentro 'Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga. Su rechazo alcanza también a la oferta de la oposición, a la que reprocha que su proyecto consista "exclusivamente en echar a Sánchez". "Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo", ha añadido ante un auditorio de empresarios, directivos y representantes institucionales.
El anuncio prolonga el distanciamiento del histórico dirigente respecto a la actual dirección socialista. González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, ya defendió en febrero que votaría en blanco con los candidatos actuales. En anteriores convocatorias había explicado que apoyó al PSOE pese a sus discrepancias, tanto en las generales de julio de 2023 como en las europeas de 2024. Ahora mantiene públicamente su negativa a respaldar la candidatura de Sánchez.
"Es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que seguirá acudiendo a las urnas. El voto en blanco cuenta como válido y queda fuera del reparto de escaños. En las elecciones al Congreso también se incluye en el total sobre el que se calcula el umbral legal del 3% necesario para que una candidatura pueda participar en ese reparto dentro de su circunscripción.
Un pacto PP-Vox y la ironía sobre Milei
González ve "inevitable" que PP y Vox acuerden un gobierno si los resultados se lo permiten. Ha afirmado que no le gusta la extrema derecha, pero ha recurrido a los acuerdos del PSOE con EH Bildu y al independentismo catalán para justificar su posición sobre los posibles pactos. Al referirse a los primeros, ha acusado a los socialistas de estar "blanqueando a ETA", y ha vuelto a censurar la amnistía. También ha reclamado que se juzgue a los dirigentes independentistas por los delitos de malversación de los que han sido acusados.
Preguntado por las opciones de Sánchez, ha advertido de que "nunca hay un proceso electoral que esté decidido previamente". En ese contexto ha introducido su comentario sobre el presidente argentino, que el miércoles visitó Madrid y arremetió contra el jefe del Gobierno. "Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez", ha ironizado, al considerar que la reiteración de esas visitas podría animar el voto socialista.
El expresidente ha calificado a Milei de "un maleducado que insulta a todo el mundo" y ha cuestionado que acuda a otro país para lanzar descalificaciones. "¿Cómo se puede ir a un país sólo a insultar?", ha preguntado, antes de reprocharle su falta de educación cívica y política. También ha cuestionado su gestión económica al afirmar que Argentina está en recesión. Sus palabras llegan después de una jornada en la que Sánchez vinculó al mandatario argentino con los recortes que atribuye a Feijóo y Abascal, mientras Ayuso lo recibía en Madrid y el líder de Vox respaldaba sus ataques por videollamada.
Los reparos de González a la falta de un proyecto alternativo en la oposición conviven con su respaldo a una de las principales promesas de Feijóo en vivienda. El expresidente considera viable construir un millón de viviendas mediante un plan público-privado que implique a la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Para ello ha defendido reducir la burocracia, facilitar suelo y recurrir al silencio administrativo positivo, por el que determinadas solicitudes se entienden aceptadas si la Administración no responde dentro del plazo establecido.
La ofensiva por la vivienda y los presupuestos
Los decretos de vivienda han concentrado algunas de sus críticas más duras contra Sánchez. González ha dicho sentirse "abochornado" por llevar a la Diputación Permanente nuevas normas después de que el Pleno del Congreso rechazara las anteriores el 2 de octubre. Ha calificado ese proceder de "antidemocrático" y ha acusado al Gobierno de no respetar "las reglas del juego". A su juicio, ese órgano debería intervenir ante asuntos de máxima urgencia, para los que ha puesto como ejemplos las danas o la situación en Ceuta.
La Constitución atribuye a la Diputación Permanente la convalidación de decretos cuando las Cortes están disueltas. El artículo 78 le encomienda asumir esas funciones, reguladas en el artículo 86, que exige justificar la extraordinaria y urgente necesidad de las normas. En este caso, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre dos nuevos textos de vivienda con modificaciones respecto a los rechazados previamente. Su convalidación parlamentaria sigue pendiente. La crítica de González se dirige, por tanto, al uso de ese procedimiento para recuperar medidas que habían perdido la votación del Pleno.
El expresidente también ha situado la ausencia de nuevos presupuestos entre los errores más graves del Ejecutivo y la ha presentado como un incumplimiento constitucional. Las cuentas que se mantienen prorrogadas son las de 2023, aprobadas en diciembre de 2022 y extendidas a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. El artículo 134 de la Constitución establece el carácter anual de los presupuestos y obliga al Gobierno a presentarlos ante el Congreso al menos tres meses antes de que expiren los anteriores; también prevé su prórroga automática cuando las nuevas cuentas no estén aprobadas al comenzar el año.
En materia migratoria, González ha defendido un acuerdo entre Sánchez y Feijóo para modificar la legislación y agilizar las devoluciones desde Ceuta, con la participación de Marruecos y la implicación de la Unión Europea en la protección de la frontera. Además, se ha mostrado favorable a regularizar a personas extranjeras, aunque ha discrepado de la forma en que se está haciendo y ha cifrado en 600.000 a los potenciales beneficiarios. Ha pedido fomentar su incorporación al empleo privado y ha utilizado la expresión "la paguita y una chapuza" para describir lo que, según ha afirmado, ocurre "en algunos casos".
