El PSOE ha solicitado en el arranque del juicio del caso Kitchen que se vuelva a imputar a María Dolores de Cospedal y que el Partido Popular sea considerado responsable civil a título lucrativo, apoyándose en “nuevas” pruebas que permanecieron ocultas durante años. Entre ellas destacan varios audios del comisario Villarejo en los que, según la acusación, la exdirigente popular reconocería haber accedido a información sensible de la caja B del PP antes que el juez, además de intervenir en maniobras para frenar la difusión de los llamados papeles de Bárcenas.
La petición ha sido formulada por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, quien ha defendido ante el tribunal de la Audiencia Nacional la necesidad de valorar estos materiales que, según ha señalado, “no han sido analizados en sede judicial”. Los audios, incorporados en una pieza separada del caso Villarejo, permanecieron bajo secreto durante cerca de dos años y solo recientemente han podido ser consultados por las partes.
Entre las grabaciones destaca una en la que, según la acusación, Cospedal admite que accedía a informes policiales sobre la supuesta financiación irregular del PP antes que el juez Pablo Ruz, quien instruyó la causa de la caja B en torno a 2013 y 2014. Otro audio hace referencia a la conocida como “libretita” de Luis Bárcenas, mientras que un tercero, fechado en 2017, recoge cómo Villarejo solicita ayuda a la ex secretaria general del PP ante sus problemas judiciales.
La Fiscalía Anticorrupción y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Antonio Piña, ya rechazaron en su momento reabrir la investigación contra Cospedal. En un auto, el magistrado fue especialmente crítico con la petición del PSOE, al considerar que los audios “no contienen elementos incriminatorios suficientes” y acusar a la formación de actuar “en contra de la buena fe procesal”.
Será ahora el tribunal encargado de juzgar la pieza Kitchen el que decida si admite estas nuevas diligencias. La acusación socialista insiste en que los audios son “relevantes y novedosos” para esclarecer el presunto operativo parapolicial que, según la investigación, se puso en marcha desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP para sustraer pruebas a Bárcenas.
El PSOE también solicita que el Partido Popular sea considerado responsable civil a título lucrativo, al entender que fue el principal beneficiado de la denominada Operación Kitchen. Según su tesis, el objetivo del dispositivo era “sabotear” las investigaciones judiciales sobre la financiación irregular del partido que entonces dirigía Mariano Rajoy.
En paralelo, las defensas de varios acusados han planteado cuestiones previas para intentar frenar el juicio. El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha sostenido que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar estos hechos, al considerar que no existió un encargo formal a Villarejo. “No hubo contrato, no hubo precio, no hubo nada”, ha argumentado.
A esta línea se han sumado otros ex altos cargos de Interior, como Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía, quienes han pedido la nulidad del procedimiento y su traslado a un juzgado ordinario.
