El Tribunal Constitucional rechazó este miércoles por mayoría el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' que no demuestren ser descendientes de exiliados. La corte de garantías consideró prematura la impugnación y dejó, por ahora, en pie la decisión del Tribunal Supremo.
El Pleno acordó no admitir a trámite el recurso con 10 magistrados a favor, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y dos en contra, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press. La resolución no avala el contenido de la medida discutida; se limita a cerrar de momento la vía presentada por el Defensor del Pueblo.
El asunto gira en torno a la suspensión del voto para los nuevos nacionalizados que no acrediten el vínculo con exiliados, una medida adoptada por el Tribunal Supremo y cuestionada después ante el Constitucional. Por ahora, el tribunal de garantías ha optado por no entrar en el examen de fondo.
El PP convierte el fallo en munición política contra Sánchez
El Partido Popular interpretó la decisión como un revés para el Gobierno y aseguró que el Constitucional no ha “amparado el fraude” de la ley de nietos. La portavoz del grupo en el Congreso, Ester Muñoz, escribió en su cuenta de X que “El TC no ampara el fraude. Cómo sería de grande”, un mensaje político que no modifica el alcance procesal de la resolución.
Muñoz añadió que quien puso en marcha ese supuesto “fraude” tiene “una investigación por delante”, en alusión a la querella admitida contra Sofía Puente por supuesta prevaricación. También sostuvo que “menudo día lleva Sánchez” y auguró que la campaña se le hará “larga” al presidente del Gobierno.
En la misma línea, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmó que la situación revela “Cómo será la chapuza, que ni el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido se ha atrevido a avalar esta operación de ingeniería electoral”. Su lectura política choca, sin embargo, con el alcance real del acuerdo, que por ahora solo inadmite el recurso por prematuro.
La decisión deja abierta la disputa jurídica y mantiene vigente la suspensión del voto en los términos fijados por el Supremo, mientras sigue pendiente el recorrido procesal de la impugnación. Ese es, por ahora, el único efecto inmediato confirmado por la resolución.
