El PP lanza un pulso institucional a Sánchez en el Senado y abre la vía para denunciarlo en el Constitucional

Los populares se plantean denunciar al presidente del Gobierno ante el tribunal por sus ausencias en el control de la Cámara Alta.

10 de febrero de 2026 a las 17:02h
El presidente del Senado, Pedro Rollán.
El presidente del Senado, Pedro Rollán.

Otro conflicto institucional a la vista. El PP tiene previsto aprobar la próxima semana en el Pleno del Senado un nuevo pulso con el Gobierno por la reiterada ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las sesiones de la Cámara Alta.

Con esta decisión, los populares pondrán en marcha el procedimiento para que este conflicto de atribuciones pueda terminar en el Tribunal Constitucional, según han explicado este martes fuentes parlamentarias.

Los populares reprochan que Sánchez no asistiera al Pleno extraordinario celebrado hace dos semanas en el Senado, pese a que estaba convocado para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz. De hecho, el presidente del Senado, Pedro Rollán, envió una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de “consecuencias jurídicas” si finalmente se ausentaba.

Asimismo, el PP modificó hace unos meses el Reglamento del Senado para imponer la obligación al presidente del Gobierno de comparecer ante la Cámara Alta al menos una vez al mes. Sin embargo, si se mantiene la situación actual, en marzo de 2026 Sánchez habrá cumplido dos años sin someterse al control del Senado.

En este contexto, los populares han registrado un nuevo conflicto de atribuciones -otro más en la serie de choques institucionales promovidos por el PP en el Senado- esta vez centrado específicamente en las ausencias de Sánchez en la Cámara Alta.

De acuerdo con el procedimiento previsto, el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este conflicto con el Gobierno en el Pleno de la próxima semana. Así, la Cámara Alta lo hará suyo formalmente y lo trasladará al Ejecutivo.

Una vez recibido el planteamiento del conflicto de atribuciones, el Gobierno dispone de un mes para responder, aunque también puede optar por no contestar y darlo por concluido. En caso de silencio o de una contestación negativa, corresponderá al Senado decidir si eleva finalmente el asunto al Tribunal Constitucional o si opta por no continuar con el trámite.

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Javier Ruiz de Vergara

Redactor de ElConstitucional.es

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