Cuando este domingo las urnas de Castilla y León cierren el "triplete" electoral -junto a Extremadura y Aragón- diseñado por Génova 13 para tratar de acorralar a Pedro Sánchez, PP y Vox van a tener que sentarse de nuevo para tratar de dotar de gobiernos a estas tres comunidades autónomas. Donde más urgencias se acumulan es en Extremadura, ya con el reloj constitucional de la repetición electoral ya en marcha.
Sin embargo, en estas últimas 48 horas a María Guardiola comienzan a llegarle buenas noticias tras el portazo de Vox a su primer intento de investidura. Todo quedó engrasado el pasado viernes, cuando el gobierno extremeño aprobó -consensuado con Vox- un decreto que blinda el funcionamiento de los servicios públicos y evita la parálisis del ejecutivo autonómico hasta que pueda conformarse el nuevo gobierno.
El propio ejecutivo de Guardiola se ha encargado de remarcar que esta iniciativa ha sido "consensuada con el grupo parlamentario de Vox, dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones".
En su comunicado oficial, la Junta aseegura que el decreto-ley parte de una idea sencilla: "Un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una Administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos".
