La acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid ha solicitado al juez Antonio Viejo nuevas diligencias en la pieza separada que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre las peticiones figura la investigación de Quirón Prevención como persona jurídica por su presunta participación en los delitos fiscales que se analizan en la causa.
La solicitud se apoya en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, que, según la acusación popular, apuntan a indicios que justificarían que una de las empresas de González Amador habría facturado a Quirón Prevención por unos servicios que, presuntamente, no estaba en condiciones de prestar al carecer de los medios necesarios para ello.
El escrito también reclama que Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y Gloria Carrasco, su esposa, sean investigados por presuntos delitos fiscales y falsedad documental. Para las dos formaciones, las operaciones que se analizan en esta pieza separada no pueden desvincularse del procedimiento principal, ya que, según sostienen, forman parte de un mismo entramado,“todo está unido y conectado de manera indiscutible" han defendido.
La acusación popular ha reiterado su petición para que Fernando Camino sea investigado, pese a que hasta el momento no ha sido citado a declarar. El directivo figura entre los nombres que aparecen vinculados a la operación de compraventa de mascarillas con la que González Amador obtuvo cerca de dos millones de euros, y que, posteriormente, el empresario adquirió una empresa de Gloria Carrasco, esposa de Camino, en una operación que relacionan con el supuesto pago de una comisión de medio millón de euros. La acusación también solicita que el juzgado requiera a Quirón Prevención documentación sobre la política y composición de su Comité de Riesgos, sus relaciones con proveedores, el Código de Conducta de la empresa y la investigación interna abierta tras las revelaciones publicadas sobre González Amador.
PSOE y Más Madrid aseguran que han presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que, según sostienen, todavía no han recibido respuesta. En el último de ellos advierten de que “el proceso está estancado” y alertan de que esa situación está dificultando el avance de la investigación.
Los últimos informes elaborados por la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reforzado el foco sobre la relación empresarial entre Alberto González Amador y Quirón Prevención. Hacienda ha apreciado "indicios de simulación" en parte de los servicios facturados por dos sociedades del empresario al grupo sanitario,Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, mientras que la Guardia Civil ha cuestionado que una de esas empresas contara con la estructura necesaria para desarrollar los trabajos de consultoría por los que recibió esos ingresos.
Las pesquisas también han puesto el foco sobre Masterman & Whitaker, una sociedad que anteriormente desarrollaba una actividad vinculada al sector estético y que, tras pasar a manos de González Amador, ha comenzado a registrar un notable incremento de ingresos procedentes de Quirón. Ese cambio ha pasado a formar parte de la investigación abierta por el juzgado.
En paralelo, la causa también ha incorporado el análisis de la compra de una empresa perteneciente a Gloria Carrasco, esposa del directivo Fernando Camino, una operación sobre la que el juzgado trata de esclarecer si respondió a una actividad mercantil o si pudo estar relacionada con el presunto pago de una comisión derivada del negocio de las mascarillas durante la pandemia.
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