Sánchez acata el fallo del Supremo pero no se quedará "de brazos cruzados" : prepara otra norma para evitar que la universidad "se convierta en un negocio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo acata el fallo del Tribunal Supremo que anula el real decreto sobre la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, una norma que endurecía los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que el Gobierno no se quedará "de brazos cruzados" y ya trabaja en una nueva regulación para evitar que la universidad "se convierta en un negocio".

"La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades", ha señalado Sánchez en una publicación en la red social X. El presidente ha defendido además que la educación superior necesita una regulación que la proteja y que cuente con más recursos procedentes de las administraciones competentes.

La reacción del presidente se produce después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya anulado el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, al considerar que la tramitación urgente empleada por el Gobierno para su elaboración y aprobación "no está debidamente justificada". El alto tribunal concluye además que la consecuencia de esa vía urgente, que permitió omitir el trámite de consulta previa, "carecía del amparo legalmente exigido". La sentencia estima el recurso presentado por la comunidad autónoma de las Islas Baleares y condena a la Administración General del Estado al pago de 6.000 euros en concepto de costas.

El Gobierno defiende la necesidad de regular las universidades privadas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha asegurado que respeta la resolución judicial, aunque "no la comparte", y ha subrayado que el fallo "no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó".

El departamento ya trabaja, según ha explicado, en una nueva norma que pueda aprobarse "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas". El Ministerio insiste en que la necesidad de regular el crecimiento del sistema universitario "era y sigue siendo clara y urgente".

Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo se encuentra el crecimiento de las universidades privadas en España. Según los datos aportados por el Ministerio, actualmente existen 50 universidades públicas frente a 49 privadas, por lo que el sistema se encuentra cerca de igualar el número de instituciones de ambas titularidades. El departamento de Diana Morant sostiene que el objetivo del decreto anulado era precisamente reforzar los requisitos para crear nuevas universidades públicas o reconocer universidades privadas y garantizar unos estándares adecuados de calidad y solvencia.

El Ministerio sostiene que la norma se tramitó con garantías

Frente al argumento del Supremo sobre la falta de justificación de la vía urgente, el Ministerio defiende que el real decreto fue tramitado "con todas las garantías". Recuerda que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y la posibilidad de prescindir de la consulta previa.

El departamento añade que sí se llevó a cabo un trámite de información pública en el que se recibieron más de 60 alegaciones. Asimismo, asegura que las universidades públicas y privadas tuvieron acceso al texto y que este fue informado favorablemente en el Consejo de Universidades. El Ministerio señala también que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la representación estudiantil participaron en el proceso y, según su versión, avalaron tanto la necesidad como el contenido de la norma.

La cartera de Ciencia defiende que no se trata de limitar la universidad privada, sino de garantizar que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, cumplan unos estándares adecuados en materia de calidad, investigación, docencia y transferencia de conocimiento. "El crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad, de exigencia académica y de sostenibilidad", sostiene el Ministerio, que considera necesario reforzar los mecanismos de control y los informes vinculantes de las agencias de calidad.

Sánchez y Morant mantienen el pulso por la regulación universitaria

El Gobierno considera que la anulación del decreto por motivos relacionados con su tramitación no modifica el problema que motivó su aprobación. El Ministerio advierte de que una proliferación de universidades privadas sin suficientes exigencias podría alterar el equilibrio del sistema universitario y afectar a la calidad y a la igualdad de oportunidades.

En este sentido, el departamento insiste en que la sentencia no cambia su convicción sobre la necesidad de contar con una regulación que ordene el crecimiento del sistema y anuncia que continuará trabajando en una nueva norma. "Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, pero no nos cruzamos de brazos", ha señalado el Ministerio, que pretende aprobar el nuevo texto "lo antes posible" y dentro de las condiciones establecidas por la resolución judicial.

Por su parte, el departamento de Diana Morant también ha expresado su preocupación por que la sentencia se conociera inicialmente a través de los medios de comunicación antes de ser comunicada oficialmente al Ministerio. A su juicio, las instituciones afectadas deberían poder conocer formalmente las resoluciones que les afectan antes de tener que responder a informaciones aparecidas en prensa, especialmente en el actual periodo preelectoral. El Ejecutivo deberá ahora preparar una nueva regulación que mantenga su objetivo de endurecer los requisitos para la creación y reconocimiento de universidades, pero que, al mismo tiempo, se ajuste a las exigencias jurídicas señaladas por el Tribunal Supremo.