El Gobierno quiere elevar las exigencias de cada título universitario y cerrar el paso a los centros que han convertido la falta de plazas públicas en una oportunidad de negocio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la tramitación de un nuevo real decreto que reforzará la calidad del profesorado y limitará la enseñanza a distancia en aquellas carreras que requieran una formación práctica y presencial.
Sánchez ha presentado la iniciativa durante una visita al Instituto de Ciencias Matemáticas, acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El texto se trabajará con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y con representantes del estudiantado antes de su aprobación.
El presidente ha dirigido su mensaje especialmente hacia los centros que han crecido al calor de una demanda que la red pública no logra absorber. "Han aparecido universidades con una oferta de calidad cuestionable que se aprovechan de esta situación para hacer negocio", ha advertido. Después ha resumido el propósito de la reforma con una frase contundente: "Una universidad no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos".
El control llegará a cada titulación
Uno de los cambios principales afectará al profesorado. Al menos el 50% de los docentes de cada grado o máster deberá tener el título de doctor y un 40% tendrá que trabajar a tiempo completo. La regulación actual calcula el porcentaje de doctores sobre el conjunto de la plantilla de una universidad, lo que permite concentrarlos en unas facultades mientras otras titulaciones quedan por debajo.
El Ejecutivo pretende que los requisitos se cumplan título por título, tanto en las universidades públicas como en las privadas. La contratación a tiempo completo busca también reducir la precariedad y asegurar que los profesores dispongan de tiempo suficiente para enseñar, investigar y atender al alumnado.
La segunda pata del decreto será la presencialidad. El Gobierno prevé exigirla en los estudios que necesiten prácticas, contacto con pacientes o uso de instalaciones especializadas, con especial atención a las ciencias de la salud. El listado definitivo todavía deberá concretarse durante la tramitación. Medicina, Enfermería y Veterinaria ya se imparten de manera presencial. La nueva regulación podría obligar a revisar determinadas ofertas online o semipresenciales de Psicología, Farmacia, Terapia Ocupacional o Ciencias de la Actividad Física, siempre que finalmente sean incluidas entre las titulaciones afectadas.
El crecimiento privado resulta especialmente visible en este campo. Entre 2015 y 2025, el número de estudiantes de titulaciones sanitarias en centros privados pasó de unos 50.000 a más de 101.000. En las universidades públicas apenas varió, desde 188.400 hasta 189.300 alumnos. La escasez de plazas y de lugares para realizar prácticas ha terminado abriendo un mercado cada vez mayor para los centros de pago.
La privada, a una universidad de igualar a la pública
España cuenta ya con 99 universidades, 50 públicas y 49 privadas. La diferencia se estrecha todavía más en la enseñanza a distancia: ocho de las nueve universidades de este tipo son privadas. En el curso 2023-2024, más de 316.000 personas estudiaban en centros a distancia, alrededor del 18% del alumnado universitario.
El avance de la red privada ha sido muy rápido. Durante la última década, sus matriculaciones crecieron un 128%, mientras las de la pública aumentaron un 3%. En los másteres, los centros privados han triplicado su alumnado y ya superan a las universidades públicas.
Sánchez atribuye parte de esta expansión a la falta de financiación y de plazas. En el curso 2024-2025, las universidades públicas presenciales recibieron cerca de medio millón de solicitudes en primera opción para algo más de 245.000 puestos. Esa diferencia eleva las notas de corte y empuja a miles de familias hacia centros privados cuando pueden asumir el coste.
La situación resulta especialmente visible en comunidades gobernadas durante años por el PP. De las 20 universidades existentes en Madrid, 14 son privadas. Castilla y León cuenta con cinco privadas y cuatro públicas. Sánchez ha acusado a estos gobiernos autonómicos de aplicar una "obsolescencia programada de lo público", deteriorando la oferta hasta presentar la iniciativa privada como única salida.
Las universidades públicas y la CRUE llevan años reclamando una financiación estable que permita renovar plantillas, ampliar plazas y mejorar infraestructuras. La Ley Orgánica del Sistema Universitario fijó como objetivo alcanzar una financiación pública mínima equivalente al 1% del PIB.
El Gobierno defiende que la financiación estatal directa a las universidades ha crecido un 78% desde 2018 y recuerda que las becas rozaron los 1.300 millones de euros en el curso 2025-2026, un 42% más que ocho años antes. También prevé crear más de 20.000 plazas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia hasta 2029.
El real decreto comenzará ahora su negociación con rectores y estudiantes. Durante ese proceso deberán fijarse las titulaciones sometidas a presencialidad obligatoria, los plazos de adaptación y la forma de comprobar que cada grado y máster cumple los nuevos requisitos.
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