Los once gobiernos autonómicos del PP han impedido este miércoles la aprobación de 149,6 millones de euros destinados a financiar el sueldo de 3.400 profesores de las universidades públicas. Ninguno acudió a la Conferencia General de Política Universitaria convocada para ratificar el reparto, una ausencia coordinada que dejó al pleno sin el quórum exigido.
Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares habían solicitado el aplazamiento por la emergencia provocada por los incendios. Murcia confirmó que participaría, pero finalmente tampoco se conectó, mientras Aragón ni respondió a la convocatoria ni compareció.
Las comunidades alegaron que sus esfuerzos debían concentrarse en la gestión de los fuegos. Andalucía ha defendido que pidió reiteradamente el aplazamiento y ha acusado al Ministerio de falta de diálogo y sensibilidad ante los territorios afectados. La cita, sin embargo, se celebraba por videoconferencia, duraba menos de treinta minutos y permitía que cualquier consejero delegara su representación en otro alto cargo.
El orden del día constaba de dos puntos y el reparto había sido aprobado por unanimidad en la comisión delegada. Solo faltaba la ratificación formal para iniciar los trámites de transferencia. "No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente", han explicado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y Canarias sí estaban dispuestas a participar. Su presencia resultó insuficiente porque el reglamento exige la asistencia de la mitad más una de las comunidades. El contraste ha aumentado la tensión entre administraciones, ya que el martes se celebró con normalidad una conferencia sectorial de Transportes a la que sí acudieron los gobiernos del PP.
Un acuerdo cerrado que ahora pierde su calendario
El programa 'María Goyri' nació en 2024 para rejuvenecer unas plantillas castigadas por la temporalidad y la jubilación de miles de docentes. El Estado aportará cerca de 900 millones durante seis años para pagar 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor, mientras las comunidades financiarán otras 2.236 con una inversión superior a los 600 millones.
Las 5.636 plazas deberán estabilizarse al terminar ese periodo. En mayo ya se había cubierto la totalidad de las financiadas por el Gobierno central, frente al 14,5% de las asumidas por las autonomías. La transferencia bloqueada este miércoles debía cubrir la anualidad de 2026 y sostener contratos que ya forman parte de la planificación de los campus.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha calificado el desplante de "inaceptable". CREUP advierte de que la demora puede obligar a las universidades a adelantar el dinero con unos presupuestos muy ajustados, retrasar contrataciones o tener dificultades para abonar las nóminas previstas para el próximo curso.
El bloqueo perjudica también a las comunidades que sí acudieron. Cataluña debía recibir 34,88 millones de euros, Madrid 28,30 millones, Andalucía 21,08 millones, la Comunidad Valenciana 17,84 millones y Castilla y León 11,08 millones. La ausencia de los gobiernos populares ha detenido el procedimiento completo y retrasa el dinero destinado a todos los territorios.
El plantón se repitió en la Conferencia Sectorial de Educación. La falta de quórum dejó en suspenso otros 31,3 millones para proyectos de Formación Profesional, formación del profesorado, movilidad del alumnado y los campeonatos 'Skills', además del debate sobre el Plan Estratégico de Educación Inclusiva y la reforma del primer ciclo de educación infantil.
Universidades públicas con las cuentas al límite
El retraso llega cuando numerosos campus arrastran graves problemas financieros. La situación más delicada se encuentra en Madrid, donde la Universidad Rey Juan Carlos cerró 2025 con un déficit de 76,2 millones y la Complutense necesitó un préstamo autonómico de 34,5 millones para mantener su actividad y afrontar los gastos corrientes.
Ayuso firmó en marzo un nuevo modelo plurianual con los seis rectores, aunque las plataformas universitarias consideran que la dotación seguirá lejos de reparar dos décadas de infrafinanciación. Sus cálculos sitúan la inversión madrileña en el 0,51% del PIB regional en 2031, casi la mitad del objetivo del 1% recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
Las cinco universidades públicas valencianas también han advertido de que su nuevo acuerdo plurianual todavía mantiene sin activar los fondos destinados a necesidades singulares y financiación por objetivos. La Universitat de València sostiene que continúa infrafinanciada pese a la estabilidad aportada por el nuevo marco.
Madrid fue además la última comunidad en incorporarse al programa 'María Goyri'. El Gobierno de Ayuso llegó a acusar al Ejecutivo de "chantaje" porque el Estado rechazó asumir todo el coste y exigió corresponsabilidad a unas autonomías que tienen transferidas las competencias universitarias desde los años noventa.
El Ministerio asegura que los 149,6 millones no se perderán, pero ya no garantiza que lleguen dentro del calendario previsto. El secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, ha enviado una carta a los consejeros después del plantón sin convocarlos a una nueva reunión. Universidades tampoco ha fijado otra fecha para desbloquear las nóminas.
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