Sánchez carga contra los tecnoligarcas y anuncia un pacto de país para la IA: "La autorregulación no funciona"

El Gobierno reunirá a sindicatos y patronal en octubre para negociar garantías ante los cambios en el trabajo; con el Plan IA360 también prevé ayudas para que las empresas adopten esta tecnología y un organismo que evalúe los sistemas más avanzados

21 de septiembre de 2026 a las 19:46h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto "IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA". Fuente: Pool Moncloa/Sandra Armada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto "IA360: Plan para un despliegue responsable de la IA". Fuente: Pool Moncloa/Sandra Armada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el Plan IA360 con una advertencia dirigida a las grandes tecnológicas. La inteligencia artificial (IA) avanza en las empresas, las aulas y la vida cotidiana, y el Ejecutivo quiere intervenir en las reglas de su desarrollo. Sánchez ha anunciado que convocará en octubre a sindicatos y patronal para negociar un acuerdo sobre los cambios que traerá esta tecnología.

El presidente ha defendido esa intervención frente a quienes piden que la propia industria fije sus límites. "La autorregulación no funciona", ha afirmado durante la presentación del plan en La Moncloa. A su juicio, dejar una tecnología cada vez más potente bajo el control de unas pocas compañías puede agravar los riesgos para la seguridad, los derechos y la democracia.

El Gobierno quiere acelerar al mismo tiempo su uso en la economía española. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos en el plan, el 21,1% de las empresas de diez o más trabajadores utilizaba IA en el primer trimestre de 2025. La meta del Ejecutivo es que más de la mitad de las empresas la hayan incorporado a su actividad en 2030.

Ayudas para empresas y cambios en las aulas

Una de las medidas previstas es un bono de 600 millones de euros para ayudar a las empresas a incorporar servicios y soluciones de IA. El documento precisa que financiará proyectos que transformen sus procesos de trabajo, y no la mera contratación de licencias. Su diseño y una primera prueba están previstos para el primer semestre de 2027; la convocatoria general llegaría antes de que acabe ese año.

Sánchez también ha anunciado que se adaptarán los contenidos de Secundaria y Formación Profesional para enseñar a utilizar la IA y abordar sus riesgos. El plan incluye formación para el profesorado y plantea que las herramientas se empleen bajo supervisión docente, de forma que ayuden al alumnado sin sustituir el aprendizaje y el razonamiento propios.

La hoja de ruta incorpora además proyectos para aumentar la capacidad tecnológica del país. Entre ellos figuran una gigafactoría de IA todavía proyectada, nuevos modelos desarrollados con el Barcelona Supercomputing Center para ámbitos como la salud, la energía y el clima, y centros de datos sujetos a criterios energéticos y medioambientales.

Un pacto sobre el empleo y más vigilancia de la IA

La convocatoria de octubre abrirá la negociación del llamado "contrato social" para la IA. El Gobierno propone sentar a empresas, trabajadores y sindicatos para estudiar cómo repartir los beneficios de esta tecnología y qué garantías necesitarán las personas cuyos empleos cambien. El plan prevé mesas por sectores y un observatorio permanente de su impacto en el mercado laboral.

En materia de seguridad, Sánchez ha prometido reforzar la protección frente a los ciberataques y aumentar la vigilancia de los modelos de IA más avanzados. El documento plantea crear un instituto de seguridad dentro de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, encargado de evaluar riesgos y asesorar a las administraciones. Parte de sus evaluaciones previas al lanzamiento dependerían de acuerdos voluntarios con los desarrolladores.

El presidente ha pedido también que las compañías respondan legal y económicamente por los daños que puedan causar sus sistemas. Ha citado las falsificaciones audiovisuales, los problemas de salud mental de niños y jóvenes y la apropiación de obras y contenidos. Ante quienes reclaman que las tecnológicas fijen sus propias reglas, "nadie está por encima del interés público", ha afirmado.

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Jaime Barrionuevo, redactor de ElConstitucional.es
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