El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dividir el llamado decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones y varias medidas sociales, incluida la protección frente a desahucios para personas vulnerables, tras el rechazo sufrido en el Congreso de los Diputados debido a la oposición de PP, Vox y Junts.
Tras el rechazo en el Congreso por la falta de apoyo, el Ejecutivo baraja aprobar al menos dos decretos ley separados: uno que incluya exclusivamente la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas sociales que integraba el decreto ómnibus que no consiguió ser convalidado.
Con esta separación, la intención del Gobierno es tramitar por separado la subida de las pensiones para facilitar su aprobación en el Congreso y evitar que los jubilados vean peligrar ese aumento en las nóminas, mientras que las medidas relativas a vivienda incluidas en el paquete anterior quedarían en un segundo texto.
A primera hora de esta mañana, se ha confirmado que las negociaciones siguen a contrarreloj, justo antes del inicio del Consejo de Ministros.Finalmente, se aceptó la solicitud del PNV, que actuó como mediador con Junts, para que la ampliación de la protección contra los desahucios no incluya a los propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler, una condición que también apoyan los posconvergentes.
El PNV afirmó que así “se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos”.
El Partido Nacionalista Vasco ha insistido en que el Grupo Vasco "ha peleado" para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre", evitando que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado.
En su última sesión de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto-ley que establecía una subida general del 2,7% en las pensiones, de acuerdo con la inflación, un incremento del 7% para las pensiones mínimas y un 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.
