Pedro Sánchez encara la recta final de la legislatura con dos grandes prioridades: reforzar el crecimiento económico y afianzar la relación con sus socios parlamentarios. La reciente remodelación del Gobierno, con el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, responde precisamente a ese doble objetivo, clave para intentar agotar el mandato hasta 2027.
La promoción del hasta ahora ministro de Economía busca lanzar un mensaje claro dentro y fuera del Ejecutivo: para el presidente es “fundamental” que la economía española mantenga su ritmo de crecimiento pese a un contexto internacional incierto, marcado por conflictos como la guerra de Irán, según fuentes gubernamentales.
En paralelo, el nombramiento de Arcadi España al frente de Hacienda apunta a reforzar el perfil negociador del Gobierno. Su experiencia en el diálogo con las comunidades autónomas y su papel en el Pacto del Botànic de 2015 avalan, según Moncloa, su capacidad para gestionar una relación fluida con los socios, imprescindible para sostener la legislatura.
El buen comportamiento macroeconómico de España en los últimos años, con un crecimiento por encima de la media europea, ha sido uno de los factores que han impulsado a Sánchez a situar a Cuerpo como ‘número dos’, en sustitución de María Jesús Montero.
Sin embargo, el escenario ha cambiado y el Ejecutivo ya advierte de que el conflicto internacional tendrá impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Por ello, las medidas anticrisis aprobadas recientemente —y ya convalidadas en el Congreso— se han convertido en la prioridad inmediata del Gobierno.
Si la situación se prolonga, no se descarta la adopción de nuevas iniciativas. Mientras tanto, queda pendiente la convalidación del decreto de vivienda, impulsado por Sumar pese a la falta de apoyos suficientes, en un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.
En este nuevo contexto, Cuerpo ya ha empezado a asumir protagonismo al defender en el Congreso el paquete anticrisis, centrado en frenar el encarecimiento de la energía y, especialmente, de los combustibles, cuyos efectos ya perciben los ciudadanos.
