El 23 de febrero de 2026 se cumplían 45 años del intento de golpe de Estado del exteniente Antonio Tejero, día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que este martes se aprueba en el Consejo de Ministros, la desclasificación de documentos del 23F.
Nunca antes se había producido este hecho, tanto los gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista, se habían negado siempre a desvelar dichos archivos. Pero, ¿cómo funciona una desclasificación?
El 22 de julio de 2025 fue aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada por el Consejo de Ministros, el cual sustituye a la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva normativa se hizo en consecuancia a las críticas que recibió la antigua ley por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyos objetivos clave incluyen evitar la sobreclasificación, garantizar la interoperabilidad internacional y prohibir la clasificación de archivos que apunten a algún tipo de violaciones de derechos humanos.
La Ley de Información Clasificada introduce la “desclasificación automática”. Esto significa que los documentos secretos dejan de ser secretos automáticamente cuando pasa un tiempo determinado por la ley. No hace falta que nadie lo pida ni que se haga una revisión previa para quitarles la etiqueta de “clasificado”, salvo que haya una razón justificada por la que todavía puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Esta norma se aplica tanto a los documentos nuevos como a los antiguos, incluso a los que fueron clasificados antes de que existiera esta ley. El fin es evitar que haya secretos eternos y facilitar que, con el tiempo, la ciudadanía pueda conocer hechos históricos con mayor transparencia.
Así, la ley fija un tiempo máximo durante el cual pueden seguir siendo confidenciales. En este sentido, se evalúa la confidencialidad de los documentos y se fija su desclasificación. Alto Secreto (alrededor de 50 años), Secreto (40 años), Confidencial (en torno a 7–10 años) y Restringido (plazo más corto, normalmente varios años).