El Tribunal Supremo ha dado traslado a las empresas públicas Ineco y Tragsatec para que puedan personarse en el procedimiento que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, en los términos planteados por la Fiscalía Anticorrupción.
Así se recoge en una providencia, en la que el órgano que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama acepta la iniciativa del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, formulada en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero.
En dicha vista, Luzón solicitó que se ofreciera la posibilidad de ejercer acciones a ambas empresas “en la medida en que puedan considerarse perjudicadas” por la contratación presuntamente irregular, en esas entidades, de mujeres relacionadas con Ábalos.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama que se imponga a Ábalos y a Koldo la obligación de indemnizar “conjunta y solidariamente” a Ineco -en 34.477,86 euros- y a Tragsatec -en 9.500,54 euros-.
Paralelamente, el alto tribunal ha remitido las solicitudes de puesta en libertad del exministro y de su exasesor al Ministerio Fiscal y a la acusación popular unificada -encabezada por el PP-para que “formulen las alegaciones que a su derecho convengan” en un plazo de tres días, según consta en otra providencia de la que informa esta agencia.
En cuanto al resto de peticiones planteadas por las defensas, el tribunal no se opone a que Koldo y su letrada puedan utilizar medios informáticos en el centro penitenciario donde el exministro y el exasesor permanecen internos desde el pasado 27 de noviembre.
No obstante, la Sala rechaza que Koldo se siente junto a su abogada durante el juicio: “La ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero, salvo en el momento procesal de su declaración, fijada para el final de las sesiones del juicio oral, cuando ocuparán el sitio destinado al efecto”.
