Los 'tejemanejes' del agitador ultra Alvise: el juez acorrala al empresario que le entregó 100.000 euros para SALF

El magistrado de la Audiencia Nacional prorroga la prisión de Álvaro Morillo, el empresario de criptomonedas que financió al eurodiputado ultra de Se Acabó la Fiesta

06 de abril de 2026 a las 16:39h
El agitador ultra y eurodiputado de SALF, Alvise Pérez
El agitador ultra y eurodiputado de SALF, Alvise Pérez

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha sumado un presunto delito de fraude fiscal por 88 millones de euros al empresario que aportó 100.000 euros al eurodiputado 'Alvise' Pérez, Álvaro Romillo.

Esta nueva acusación se añade a los cargos por los que ya está procesado como supuesto líder de la estructura que habría diseñado la presunta estafa piramidal articulada mediante la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Según un auto difundido este lunes, el instructor considera que existen “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”.

Detalla que los hechos se habrían producido en los ejercicios 2023 y 2024, “tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica”.

Calama concreta que las cuotas presuntamente defraudadas del IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que en el Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros en 2024.

A juicio del magistrado, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.

Según el auto, la conducta investigada habría consistido en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.

Calama decide igualmente mantener todas las medidas cautelares ya fijadas para los diez procesados -Romillo y otras nueve personas- al no apreciar motivos para modificarlas en este momento.

En el caso del empresario, conocido como 'CryptoSpain' y en prisión provisional desde noviembre por esta causa, el juez prolonga esta situación para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, subrayando que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.

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